Por esa decisión del gobierno español, Argentina presentó una denuncia ante la OMC contra España y la Unión Europea (UE) en agosto y, en especial, apuntó a una normativa que impide el uso de biodiésel en el sector transporte, principal usuario del producto. Al no obtener respuestas, a inicios de diciembre el gobierno nacional comunicó que solicitaría la conformación de un tribunal arbitral para solucionar la diferencia comercial.

"Desde 2009, Argentina fue convirtiéndose progresivamente en el principal abastecedor extracomunitario de biodiésel en el mercado español, representando dicho mercado el destino final de la mitad de las exportaciones argentinas de ese producto, por un valor de 1.100 millones de dólares, en 2011", recordó la cancillería en el comunicado.

El ministerio, encabezado por Héctor Timerman, anticipó que monitoreará "la aplicación de la nueva normativa española a efectos de constatar que se mantenga la participación del biodiésel argentino en condiciones no discriminatorias en el mercado español, así como en el mercado europeo, y si fuese necesario recurrirá nuevamente al rgano de Solución de Diferencias de la OMC".