Las principales manifestaciones se produjeron en Barcelona, Valencia y Galicia, mientras en Madrid, la "Marea verde", color que utiliza la comunidad educativa en la capital, tomó las calles durante la tarde como cierre de la jornada de protesta. En términos generales, la nueva ley consolida los recortes en educación "en torno a los 6000 millones de euros-, un modelo basado en criterios mercantilistas y reincorpora elementos de la enseñanza franquista, como la religión católica y la homogeneización lingüística que, además, abre una nueva grieta con Cataluña en plena escalada del conflicto secesionista.

En Barcelona, decenas de miles de estudiantes, profesores y padres -170.000 personas, según Comisiones Obreras (CCOO)- participaron de una multitudinaria marcha, encabezada por pancartas con los lemas "La educación del pueblo en manos del pueblo" y "Cuando la educación es un lujo, la lucha es obligatoria". La manifestación estuvo precedida por una bandera con la imagen del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, vestidos de militares con la inscripción "No volveremos a las épocas grises".

Las consignas más repetidas fuerom "No, no, no a la privatización", "No hay futuro sin educación" o "Wert dimisión". "Esta ley lo que hace es volver al franquismo. Yo estudio Historia, y en el bachillerato social no se dará historia contemporánea de España, esto es, desde la Revolución Francesa hasta ahora, es decir, el movimiento y la clase obrera que somos nosotros", denunció David Escudero, de 21 años. "Yo vivo en Santa Coloma, y hay mucha pobreza y conflicto y hace falta más ayuda y profesores; pero ahora las subvenciones son por rendimiento académico, y eso implica escuelas de primera y segunda. En los barrios ricos la gente tiene más facilidades, y en los pobres la gente está sin trabajo y eso lleva a la marginación, la venta de drogas y es una excusa para acordonar los barrios", agregó.

"Estoy aquí para reivindicar una enseñanza pública y de calidad, y porque estoy preocupada por mis hijas, porque quiero que ellas como yo, puedan tener sus estudios e ir a la universidad", afirmó, por su parte, Laura Hurtado, profesora y madre de tres niñas. Por los recortes, "faltan subvenciones, hay más cantidad de niños por aulas, los profesores que están de baja por enfermedad no son sustituidos, todo a costa de una calidad de la enseñanza" añadió Hurtado, quien también está en contra de que se restituya la religión en las aulas en un país laico como España.

En tanto, Miguel González, docente del sindicato anarquista CGT, subrayó que tanto la Locme como la ley educativa de Cataluña "comparten una línea muy clara de dar fomento a la educación concertada" (mixta) y a un sistema educativo que contempla que los alumnos salgan antes de los 16 años, con lo que facilita una baja formación y mano de obra barata para el empresariado". "Además del tema lingüístico y el de religión, en Cataluña y el resto del Estado, tanto los recortes como los ejes principales de la reforma van en contra de la ecuación pública", insistió. "La ley todavía no está aprobada definitivamente, y tiene que seguir un proceso en el Senado. Pero consideramos que es importante continuar la lucha, incluso cuando ya se haya acordado seguir para conseguir la derogación de la ley", aseguró.

Mientras para CCOO y la Unión General de Trabajadores (UGT) el acatamiento al paro de 24 horas fue del 80 por ciento en el conjunto de la enseñanza, aunque con diferencias en las distintas comunidades de España, el Sindicato de Estudiantes elevó la adhesión al 90 por ciento. Para el gobierno español, en cambio, la huelga fue un "fracaso", con un acatamiento del 20,76 por ciento.

Entre los puntos más restrictivos de la ley se destacan los recortes, la suba de las tasas universitarias, el cambio del sistema de otorgamiento de becas, así como la reintroducción de la asignatura Religión, que también computa a la hora de obtener becas. Se trata de la séptima reforma educativa en 37 años de democracia y, según el gobierno de Rajoy, pretende mejorar la calidad de la enseñanza y enfocarla a la "empleabilidad" de los jóvenes. La oposición, por el contrario, considera que es una ley ideológica y retrógrada, y prometió que no sobrevivirá al gobierno del PP.