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La Procuraduría General de Colombia reafirmó la decisión de destituir a Petro, que había sido tomada por el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, el pasado 9 de diciembre debido a faltas "gravísimas" en el cambio del esquema de aseo de la capital en 2012, que fue estatizado.

"La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en decisión del día de hoy, confirmó el fallo de única instancia del 9 de diciembre de 2013, mediante el cual encontró disciplinariamente responsable al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de alcalde mayor de Bogotá, por la realización de tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en la ciudad de Bogotá", señala la decisión, que será remitida al presidente Juan Manuel Santos para ser aprobada.

Antes, Ordóñez, que ejerce como titular del Ministerio Público y autoridad administrativa en Colombia, rechazó la recusación hecha en su contra por Petro y descartó el nombramiento de un procurador ad hoc porque esa figura ya no existe.

El alcalde de izquierda, que en su juventud militó en el movimiento guerrillero M-19, se refirió a una supuesta "parcialidad" de Ordóñez por razones religiosas e ideológicas, así como una desproporción en la medida al tratarse además de un cargo elegido democráticamente. Ordóñez es un reconocido conservador y ultracatólico que destituyó a Petro por un conflicto con la recolección de residuos que afectó la limpieza de Bogotá durante tres días.

Petro anticipó el último viernes que el procurador mantendría su decisión de destituirle e inhabilitarle y por ello convocó una manifestación permanente de sus simpatizantes desde ese momento para reivindicar su derecho al voto vulnerado. En paralelo a este proceso disciplinario, hay otra iniciativa que busca revocar el mandato de Petro promovida a través de la recogida de firmas y que convoca a los bogotanos a votar por el futuro del alcalde en un referendo el próximo 2 de marzo.

El mandatario local pidió al presidente, Juan Manuel Santos, quien tiene la última palabra sobre la destitución impulsada por el procurador, que le permita seguir en el cargo para presenciar la cita en las urnas.