Miércoles, 26 de febrero de 2014 | Hoy
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La Cámara de Apelaciones de Concordia confirmó la medida a los acusados por los saqueos ocurridos durante las protestas protagonizadas por la fuerzas de seguridad el 8 y 9 de diciembre del año pasado. El juez Martín Carbonell continúa así la investigación por "sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionario público e instigación a cometer delitos en concurso real".
El pasado 10 de febrero, el juez de Garantías Alberto Funes Palacios hizo lugar al pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal Mario Guerrero, quien dijo que si los policías imputados permanecían en libertad, podían entorpecer la investigación.
El juez Carbonell manifestó que "existen indicios" para creer que los policías podrían haber instigado a los saqueos y que supieron orquestar un grupo donde "se dividieron tareas, roles y todos formaron parte de la ejecución de los hechos", y concluyó que "son coautores en una situación donde todos responden con todos".
El fiscal Guerrero, al relatar los hechos que se imputan, expresó que "los días 8 y 9 de diciembre del año pasado, funcionarios policiales ingresaron mediante violencia a la Jefatura Departamental de Concordia, tomaron la misma y con su acción cortaron el Comando Radioeléctrico, dejando a la ciudadanía sin ningún tipo de protección".
"Además -prosiguió el funcionario judicial-, lesionaron al jefe departamental. Asimismo, la Fiscalía cuenta con elementos que determinarían que se produjeron saqueos casi en forma simultánea a la toma de la Jefatura, situación que se prorrogó desde el domingo hasta el martes".
Esta tarde, el fallo fue leído en la Cámara de Concordia con la presencia de los imputados, los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez y Carlos Daniel Zaragoza, el único oficial acusado.
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