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La votación del proyecto fue a las 4 de la madrugada y tuvo el respaldado del Frente para la Victoria y sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, el Movimiento Solidario Popular, el PJ La Pampa y una de las integrantes del Movimiento Popular Neuquino. También por diputados opositores, como los dos referenciados con el sindicalista Hugo Moyano y otro dos del MPN no alineados con el gobierno de su provincia.

Hubo 42 abstenciones del Frente Renovador, de Unión PRO y de Compromiso Federal, más 59 negativos del radicalismo, el Frente Amplio Progresista (FAP), la Coalición Cívica ARI, el Frente de Izquierda, Unidad Popular y el Partido Fe.

La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, defendió la iniciativa al asegurar que se trata de "un acuerdo que a todas luces es beneficioso para nuestro país" y acusó a la oposición de hacer "verdaderas peripecias para oponerse al acuerdo".

Los acusó de "una irresponsabilidad enorme" al no acompañar al Gobierno y sostuvo que al radicalismo "no se le nota que se quieran hacer cargo del futuro, porque no nos dicen qué van a hacer con YPF". Para el titular de la bancada radical, Mario Negri, "con la aprobación de hoy se cierra un ciclo de 20 años de la peor política energética llevada adelante por el peronismo".

En tanto, el presidente del bloque del PRO, Federico Pinedo, defendió la decisión de abstenerse en la votación para que la Argentina "no quede como un país que no cumple con sus obligaciones", pero pidió que "no se nos diga que nosotros somos los que defendemos a las corporaciones y los que votan a favor son los que defienden la soberanía".

En el acuerdo firmado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.

El entendimiento fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre último, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.

Se contempla una compensación de 5 mil millones de dólares en títulos públicos por el 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF al momento de la toma de control estatal, y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.