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Según un relevamiento hecho en la causa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, el titular de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat y los fiscales Guillermo Friele y Alejandro Alagia elaboraron un "proyecto de dictamen" que entregaron al fiscal federal Eduardo Taiano. Los fiscales le propusieron pedir las declaraciones indagatorias de todos los imputados por esos cargos.

Para los fiscales, debe pedirse la indagatoria al "director ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, el ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, el intermediario, Guillermo Juan Gainza Paz y el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá".

Auat, Friele y Alagia les atribuyeron "haber participado el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación en un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas -mediante intimidación- y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores".

"La maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados" la empresa Papel Prensa S.A., "que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país".

Para los acusadores, hubo un "desapoderamiento extorsivo" de la empresa del que participaron Magnetto, Mitre y Podestá, los dos primeros como compradores y el tercero como miembro del gobierno militar en el marco de un "plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios".

Gainza Paz y Herrera de Noble deberían ser indagados como "partícipes de la maniobra: el primero, al haber acercado a los coautores de la extorsión con sus víctimas; y la segunda, al haber otorgado un mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la operación", sostuvo el equipo de fiscales.

"La contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes", agregaron en el escrito que deberá ser considerado por Taiano, quien como fiscal natural de la causa tendrá la última palabra al respecto.