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El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, representado por Laura Calógero, se inclinó por el criterio más amplio de defensa de la libertad de expresión en internet: “No estamos de acuerdo con delimitar estas búsquedas. El cercenamiento de derechos es más peligroso que la conculcación de derechos particulares”.

Por su parte, el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la UBA, a través de Juan Vicente Sola, se pronunció en contra de la eliminación de contenidos de la red: “Si sacáramos esos datos de internet es como si fuéramos a las bibliotecas y arrancáramos las páginas de los libros. Sería una censura del momento y también una censura para la historia”.

En tanto, Horacio Granero, presidente de la Comisión de Alta Tecnología del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, llamó a analizar “si los servidores y buscadores de internet están dentro de la teoría del riesgo” y reconoció: “Tenemos un elemento que puede producir un daño; ahora todo pasa por analizar qué es un servicio riesgoso”.

El especialista en informática Raúl Martínez Fasalari y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez se inclinaron por eventuales bloqueos de acceso a contenidos pero no por la eliminación de esos mismos contenidos. Explicó que “los buscadores indexan la información y datos que existen en internet, y lo presentan al usuario de acuerdo al tipo de búsqueda realizado. El prestador es independiente del dato que trae o genera. El usuario es el que accede externamente a esos datos. El buscador lo único que hace es sistematizar esa infinidad de datos y traerla en forma simplificada y legible”.

La Audiencia Pública pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 29 de mayo, cuando será el turno de las exposiciones del abogado de la modelo y los representantes de los buscadores.