Miércoles, 21 de mayo de 2014 | Hoy
23:08 › EL SENADO APROBó EL DIGESTO JURíDICO ARGENTINO
Con 41 votos positivos, 14 negativos y 3 abstenciones, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que ordena, depura y actualiza el marco legal en la Argentina. La iniciativa fue realizada por más de 200 juristas y luego pasó por una comisión bicameral del Congreso. Se mantendrán en vigencia 3353 normas de las más de 33.000 sancionadas desde 1852 a la fecha.
"Es la segunda vez en la historia que un gobierno propone hacer un digesto, porque el primero fue Juan Domingo Perón", expresó el senador del Frente para la Victoria (FPV) Aníbal Fernández, quien actuó de miembro informante y destacó el carácter histórico del debate. Además, resaltó la tarea realizada por el ministro de Justicia, Julio Alak, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y la dirección de Información Parlamentaria.
El senador bonaerense señaló que esta iniciativa permitirá echar a la luz "las leyes que están vivas y las que murieron porque tenían fecha de vencimiento, se cumplió su objetivo, cayeron en desuso o fueron contradichas por otras posteriores".
La iniciativa fue aprobada por 41 votos aportados por el Frente para la Victoria, el Frente Cívico de Santiago del Estero y el PRO, mientras que el radicalismo y el peronismo opositor reunieron 14 sufragios en contray las abstensiones fueron tres que correspondieron al FAP.
El diseño de un Digesto Jurídico fue incorporado en la reforma constituyente de 1994 y se derivó en el Congreso esa tarea, que fue realizaba desde 2005 y hasta 2011. La minuciosa tarea de ordenamiento legal realizada por más de 200 juristas y luego revisada por una comisión bicameral del Congreso que lo plasmó en un dictamen.
Entre otras normas, quedará automáticamente derogada la ley 5 del Congreso, aprobada en 1854, que facultó al Poder Ejecutivo a "hacer la guerra o la paz con el gobierno de Buenos Aires", cuando todavía la provincia se resistía a incorporarse a la Confederación Argentina.
También perderá vigencia el decreto ley 10.364 firmado por el presidente de facto Pedro Aramburu. El dictador impuso la "pena de muerte" a los participantes del levantamiento militar de Juan José Valle, en junio de 1956. Era el único decreto que disponía la pena de muerte en toda la historia institucional argentina.
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