El Ministerio confirmó que la delegación argentina se reunió con Pollack, sin la presencia de los abogados de los fondos buitre, y que en el encuentro le explicaron los motivos técnicos por los cuales la Argentina se encuentra imposibilitada de cumplir con la sentencia de Griesa, tal como lo determina el fallo.

Así lo anunció el Palacio de Hacienda a través de un comunicado, en el que dio cuenta que la delegación argentina que se presentó esta tarde en Nueva York estuvo integrada por la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el subprocurador, Javier Pargament; el secretario de Finanzas del MEyFP, Pablo López; y el secretario Legal y Administrativo, Federico Thea. La reunión, en la que participaron también los abogados del estudio estadounidense que representa a la Argentina, "no incluyó ni a los fondos buitre ni a sus abogados, con los que el mediador se reunió por separado", precisó el comunicado.

Incluso, resaltó que el encuentro, "de carácter eminentemente técnico", versó "sobre las graves implicancias de la interpretación de la cláusula 'pari passu' sancionada por la justicia norteamericana y sobre los impedimentos objetivos para el cumplimiento de la sentencia del Juez Thomas Griesa".

La delegación argentina le hizo entrega a Pollack de material jurídico y financiero referido a los reclamos de los restantes tenedores de bonos que no ingresaron al canje, cuyos reclamos podrían totalizar más de 15.000 millones de dólares y a la llamada Cláusula RUFO (Derechos sobre Ofertas Futuras en su siglas en inglés) de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y que abarcan al 92,4 por ciento de la totalidad de tenedores de bonos de la deuda soberana argentina.

La Argentina "está dispuesta a continuar con un diálogo que permita encontrar una solución en condiciones justas, equitativas y legales para el 100 por ciento de los bonistas", destacó el ministerio de Economía. Y reiteró que "resulta imprescindible que el juez disponga una suspensión de la sentencia (stay)" para poder negociar en condiciones equitativas y "habida cuenta de la magnitud de los montos involucrados".

Como ejemplo, "recordaron" que el arreglo con la empresa Repsol S.A. demandó más de dos años de negociaciones, y que "en ese caso estaban involucradas cifras sustancialmente menores".

Como prólogo a la reunión, ayer circuló un artículo firmado por la exsubdirectora del FMI Anne Krueger para un medio especializado, en el que realizó una encendida advertencia sobre los riegos para el sistema financiero de darle la razón a “la posición inflexible” que sostienen los fondos buitre que litigan contra Argentina y por la ausencia de “una ley internacional de carácter vinculante” que permita a los países en default negociar una salida acordada con la mayoría de los acreedores.

Frente a Polllack, López estará acompañado por el responsable del área legal del Palacio de Hacienda, Federico Thea. En el encuentro, la delegación argentina reiterará su pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia del magistrado Thomas Griesa, como condición necesaria para negociar un mecanismo de pago del fallo en condiciones “justas, equitativas y legales” y permitir la cancelación de los vencimientos de deuda en tiempo y forma.

A través de la nota publicada en el sitio de opinión especializado Project Syndicate, Krueger señaló que “independientemente de la forma en que se supere la actual impasse, el dictamen judicial genera muchas preguntas para los emisores y tenedores de deuda soberana”, ya que “si los acreedores ahora perciben que mantener una posición inflexible aumenta sus chances de recibir la totalidad del valor nominal más adelante, reestructurar la deuda soberana y recuperar el funcionamiento normal de una economía endeudada, resultará más difícil”.

El título del artículo es “Limitaciones soberanas para la Argentina”y en él Krueger (número dos del FMI entre 2001 y 2006, precisamente el período en el que Argentina cayó en default y luego alcanzó el primer acuerdo por el canje) repasa el sendero recorrido por el país desde el default de 2001 hasta el “intercambio de bonos que fuera aceptado por el 93 por ciento de los acreedores”, y que “cumpliera con el servicio de la deuda por los nuevos bonos” desde 2005 en adelante. “A pesar de ello, algunos acreedores mantuvieron una posición inflexible y presentaron una demanda contra Argentina en Nueva York”, en referencia a los fondos buitre.

Posteriormente, Krueger analiza el fallo de Griesa y advierte que “el dictamen genera muchas preguntas para los emisores y tenedores de deuda soberana”, ya que “si los acreedores ahora perciben que mantener una posición inflexible aumenta sus chances de recibir la totalidad del valor nominal más adelante, reestructurar la deuda soberana y recuperar el funcionamiento normal de una economía endeudada resultará más difícil”.

Krueger señaló, por otro lado, que “desde la crisis argentina, la mayoría de los nuevos bonos han sido emitidos con cláusulas de acción colectiva (CAC), por las cuales los tenedores están obligados a aceptar la reestructuración si una proporción predeterminada del total (habitualmente cercana al 70 por ciento) accede a ello”. Así, “a medida que pasa el tiempo, cada vez quedan menos bonos sin CAC en circulación. Pero estas cláusulas no resuelven el problema en su totalidad, porque sería necesario un voto para cada emisión individual de bonos y se podría lograr una posición inflexible mediante la compra del porcentaje que permite el bloqueo de una pequeña emisión”, dijo la ex vicetitular del FMI.

Krueger consideró “posible que se encuentre una formulación que reemplace a la cláusula `pari passu` en las futuras emisiones de bonos, que proporcione una garantía suficiente a los bonistas para permitir que el mercado funcione de manera muy similar a la vigente hasta el fallo actual”.