El Patronato se ocupa de un promedio de 7 mil personas condenadas y procesadas por mes, con una planta de 105 empleados, casi todos trabajadores sociales que perciben salarios que rondan los 10 mil pesos. La mayor parte de sus actividades están relacionadas con la etapa de cumplimiento de una pena, tras el juicio oral, e intervienen a pedido de los jueces.

Supervisan las condenas de ejecución condicional, fiscalizan el cumplimiento de las penas sustitutivas como la realización de tareas comunitarias y las reglas de conducta indicadas, controlan algunas detenciones domiciliarias y también ayudan a quienes dejan la cárcel a resolver problemas habitacionales, de documentación, de salud, a conseguir vivienda, capacitación y trabajo. También realizan los llamados “informes socioambientales” apenas una persona es detenida. Actúan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y tienen delegaciones en Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa, aunque para esas cuatro provincias hay sólo tres trabajadoras. El resto de las provincias tienen sus propios patronatos.

"Es una de las dos únicas asociaciones que tiene a su cargo la asistencia post penitenciaria a nivel nacional" ya que "en el resto de las provincias la tarea está a cargo de un organismo oficial", explicaron los trabajadores en un comunicado. "No es un organismo estatal", insistieron y responsabilizaron a la Corte Suprema por dejar de hacer los aportes para su mantenimiento.