La iniciativa, que declara como servicio público esencial y estratégico a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), regulará las tarifas de interconexión y permitirá que, a través de un mismo cable (red única), el usuario pueda recibir todos los servicios en su hogar.

"Se garantiza el desarrollo de las redes que permitan acceder al mayor universo de información y comunicación disponible", había subrayado De Vido en el microcine del Palacio de Hacienda, antes de destacar que el propósito de la legislación es "posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes a los servicios de información y comunicación en condiciones equitativas, con los más altos parámetros de calidad".

El ministro explicó que la norma "es de orden público y excluye de su objeto cualquier tipo de regulación de sus contenidos", como también procura garantizar el "derecho humano a las comunicaciones". "Era necesario que el derecho humano a las telecomunicaciones sea sancionado por ley", afirmó De Vido, quien explicó que la iniciativa promueve además el rol del Estado como planificador, así como generar competencia y empleo en el sector.

Por su parte, Kicillof había sostenido que el acceso a la tecnología de la información y la comunicación "se convirtió en un derecho humano", y consideró que "es una necesidad darle un verdadero marco jurídico a todo esto". "No puede ser que una ley de 1972 sea la que regule internet y los teléfonos celulares, que hace 40 años no existían", subrayó el ministro de Economía, quien agregó que en los últimos tiempos hubo "un crecimiento exponencial de la facturación de las empresas de internet, cable y teléfonía móvil".