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De acuerdo con la crónica publicada por el portal Infojus Noticias, a las 2 de la madrugada, y con la presencia los abogados de la causa, Juan Manuel Combi, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Maximiliano Medina, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares y Amigos de Luciano Arruga y Vanesa Orieta, la hermana, los efectivos de la Policía Federal cortaron la avenida General Paz a la altura del kilómetro 16, mano al Riachuelo, cerca de la bajada a la Avenida Mosconi.

El adolescente de 16 años fue visto por última vez a la 1,30 de la madrugada, a pocas cuadras de su casa en el Barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador. Iba a ver a su hermana, pero nunca llegó. Se presume que fue detenido en ese trayecto. Horas después, a las 3,21, un estudiante de 21 años de Monte Grande lo atropelló sobre la autopista, en la zona que divide Lomas del Mirador de Mataderos. El mismo joven avisó al SAME. Una ambulancia llevó a Luciano hasta el Hospital Santojanni, donde murió al día siguiente tras una operación. Luciano no tenía documentos y después de una autopsia fue enterrado sin nombre.

Por su muerte se abrió una causa por homicidio culposo en el Juzgado Nacional en lo criminal de instrucción N° 16. El conductor que lo atropelló fue sobreseído y fue el primer testigo en aportar su relato en la reconstrucción. Según su relato el primero en llegar al lugar fue un motoquero. Después, un móvil de Autopistas del Sol, concesionaria de la autopista, y policías de la Comisaría 42. Por último, la ambulancia del SAME. “Me llamó la atención. Me dio impotencia ver a las ambulancias de Vittal del otro lado y que no vinieran. Le pedí al policía que los llamara y dijo que ya había avisado al SAME”, advirtió el hombre. El motociclista, por su parte, trató de frenar el tránsito.

De acuerdo con los testigos, Luciano cruzó la General Paz corriendo. “Corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”, repitió el conductor. Para llegar ahí, se presume que Luciano podría haber trepado un terraplén de césped y saltado el guardarraíl, o podría haber descendido de un auto sobre la misma autopista.

"No cierra con decir que un pibe cruzó la calle y lo atropellaron. Hay que saber la verdad", había advertido Vanesa, hermana de Luciano, el día que se anunció el hallazgo de su cuerpo en una conferencia en el CELS. Desde un primer momento, Vanesa y su madre denunciaron que las fuerzas de seguridad estaban detrás de la desaparición. “Conociendo los abusos de parte de muchos uniformados, temo por la vida de Luciano”, testimonió su hermana, a los quince días de iniciada la búsqueda.

Tres meses antes de su desaparición, el joven habí­a estado detenido en el destacamento de Lomas del Mirador, oportunidad en que su hermana había ido hasta esa dependencia a buscarlo. Lo escuchó gritar y supo que estaba siendo torturado. Por esa causa hay un policía detenido, que será juzgado el año que viene. El año previo a su desaparición, Luciano también había sido retenido por averiguación de antecedentes, detenciones documentadas en la causa. “Ahí dónde los veían a los pibes del barrio, la policía los llevaba al destacamento”, denunció un amigo de Luciano.

El día del accidente, un testigo declaró que lo vio dos horas antes en otro destacamento policial de Lomas del Mirador. Esa noche, uno de los patrulleros de esa dependencia no emitió registro de posicionamiento y los móviles que patrullaron salieron de la cuadrícula que les correspondía. El registro de entradas de la dependencia fue adulterado, según se desprende de la investigación.

En principio, la causa por "averiguación de paradero" de Luciano Arruga fue tramitada por las fiscales de La Matanza Roxana Castelli, Celia Cejas y el juez de Garantías N°5, Gustavo Banco. Hoy afrontan la apertura de un juicio político por delegar la investigación en la policía, principal sospechada de la desaparición, y luego haber intervenido las líneas telefónicas de la familia, entre otras irregularidades. En febrero de 2013 el expediente pasó al fuero federal de Morón como “desaparición forzada”.

En abril de 2010, los policías Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron apartados del destacamento por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Sin embargo, en julio ya estaban reubicados en otras jurisdicciones. Después de idas y vueltas, en 2013 volvieron a pasar a disponibilidad, por la presión de los familiares de Luciano.

La identificación del cuerpo se logró luego de la aceptación del habeas corpus presentado por los abogados del CELS en abril. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, logró identificar el cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN.