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Esta reconocida activista asumió en mayo de 2014 de forma interina la subprocuraduría de derechos humanos en sustitución de Ricardo García Cervantes, quien se retiró con críticas al gobierno en relación con la búsqueda de las cerca de 23 mil personas desaparecidas desde el inicio de "la guerra contra el narcotráfico" en 2006.

La renuncia ahora de García Laguna, que anteriormente fue directora general de atención a víctimas de la fiscalía, se produce en el marco de una profunda reestructuración de esta dependencia, que encabeza las investigaciones y procesos judiciales contra los cárteles de la droga.

Hace sólo tres meses, el controvertido Jesús Murillo Karam dejó su cargo como fiscal general cuando era blanco de fuertes críticas por su gestión del crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de ser atacados por policías de Iguala, estado de Guerrero.

La investigación de Murillo Karam concluyó que los 43 estudiantes fueron entregados por los policías a narcotraficantes y que éstos los asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río.

Sin embargo, las familias de los jóvenes y organizaciones como Human Rights Watch siguen sin aceptar las conclusiones de Murillo Karam, ya que hasta ahora sólo han podido ser identificados los restos de uno de los estudiantes.

En plena tormenta política, el presidente Enrique Peña Nieto acabó relevando a Murillo Karam de la fiscalía y lo nombró ministro de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un organismo considerado menor dentro del gabinete mexicano.

El nombramiento de García Laguna, que también fue fundadora y diputada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), había sido aplaudido en 2014 por un grupo de ONG mexicanas.

La actual fiscal general, Arely Gómez, anunció que la funcionaria, de 57 años, será sustituida por Eber Omar Betanzos, que hasta ahora era titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la fiscalía.