"De las 1464 obras que se han otorgado en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2013 sólo se ha adjudicado a las empresas en mira 108, es decir el 7,3 por ciento", sostuvo el fallo y aseguró que las se realizaron "cumpliendo rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes".

"El análisis de los cargos formulados sobre la imputación genérica sobre la existencia de sobreprecios y la cartelización conduce a descartar una presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y los procesos de licitación publica para la adjudicación de obras públicas por parte de los funcionarios sindicados", añade el fallo.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la referente del ARI en Santa Cruz, Mariana Zuvic.