Rousseff, quien también dispuso achicar el superávit fiscal, del 1,1 por ciento del PBI al 0,15, argumentó en su veto que el alza generaría una erogación de 25.700 millones de reales (8107 millones de dólares) durante los próximos cuatro años, incompatible con el plan de ajuste fiscal vigente.

"Un efecto de esa magnitud es contrario a los esfuerzos necesarios para el equilibrio fiscal", subraya la Presidenta en el decreto en que veta el aumento y en el que califica el proyecto aprobado el mes pasado por el Congreso de "inconstitucional" y "contrario al interés público". La medida, que contemplaba un aumento progresivo durante los próximos cuatro años, de entre 53 y 78,5 por ciento, dependiendo del cargo, para los empleados del Poder Judicial, fue considera "insostenible" por Rousseff, quien, desde que asumió su segundo mandato, el pasado 1 de enero, ha puesto en marcha un plan de austeridad para mejorar las cuentas públicas, que el año pasado cerraron con un saldo negativo por primera vez en los últimos 13 años.

El ajuste fiscal, que incluye un fuerte recorte del gasto público y un aumento de la recaudación por la vía tributaria, ha provocado ya una desaceleración de la economía que, según las proyecciones oficiales, cerrará el año con una contracción del 1,2 por ciento, así como un aumento del desempleo.

No obstante, el Gobierno de Brasilia considera que la correcta implantación del plan de austeridad permitirá retomar las riendas de la economía a partir de 2016.