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Los abogados de Hugo y Mariano Jinkis habían pedido el beneficio de la excarcelación debido a que Claudio Bonadío había decidido suspender por un mes el trámite del juicio de extradición a Estados Unidos, y pedirla más detalles a la Justicia estadounidense.

El juez dio plazo de un mes a la Justicia estadounidense para aportar datos concretos sobre qué delitos habrían cometido y, en caso de no recibir respuesta, resolverá con lo que hay actualmente en la causa. Para tomar su decisión, tuvo en cuenta que el empresario Alejandro Burzaco, el otro argentino imputado en la causa, se entregó en Estados Unidos y allí se le concedió la libertad durante el proceso, al igual que el resto de los acusados de distintas nacionalidades.

"Teniendo también en cuenta el cumplimiento satisfactorio que tanto Hugo como Mariano Jinkis vienen observando de las condiciones impuestas en estas incidencias, resulta viable reconsiderar la forma en que aguardaran el resultado de este proceso", explicó el juez en su resolución.

"Es del todo razonable y eficaz para el fin procurado adoptar medidas similares a las implementadas por el propio Estado interesado. Carecería de fundamento y razonabilidad ir más allá que las propias autoridades judiciales de los EEUU en cuanto a la restricción de la libertad personal del requerido, cuando no sólo la investigación y los cargos, sino también las condiciones impuestas a los acusados son similares y equiparables", concluyó.

De esta manera, padre e hijo quedarán libres hasta que se resuelva el juicio de extradición, aunque no podrán alejarse a más de 60 kilómetros del juzgado con sede en el barrio porteño de Retiro y tampoco ausentarse más de 24 horas de su domicilio sin avisar al Tribunal. Se les mantuvo, también, la prohibición de salir del país, por lo que ambos deberán presentarse todos los viernes en Comodoro Py 2002, según informaron fuentes judiciales a Télam.

Hugo y Mariano Jinkis, junto con Burzaco, son los tres argentinos imputados en el escándalo de corrupción más grande en la historia de la FIFA por el pago de sobornos para la asignación de los Mundiales 2018 y 2022, la adjudicación discrecional de los derechos de televisación de competencias oficiales y evasión impositiva.