Las deportaciones "deben llevarse a cabo de forma humanitaria, justa y decente, pero el número va a subir", definió el ministro sin dar el número de inmigrantes que se verán afectados por esta medida, ni las fechas exactas de los traslados.

Los costos económico de las deportaciones estarán a cargo de los Estados federados y el gobierno central apoyará las operaciones enviando a la Policía federal, como refuerzo a las policías regionales.

Las nuevas normas permitirán la aceleración de las deportaciones inmediatamente, aunque no obstante el ministro sostuvo que "no se esperan grandes operaciones" de expulsión de refugiados.