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"Ya tenemos una sentencia y ahora tenemos que buscar la convivencia y punto, darle la vuelta a esta página", declaró el agente de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, al Canal 6 de televisión de Managua, en la primera reacción oficial al veredicto.

Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirmó que a su país se le hizo "justicia". Dijo que espera que Nicaragua respete el fallo, que contempla indemnización por daños, y se mostró esperanzado en que la sentencia permita abrir canales de diálogo entre dos "naciones de paz".

Solís dijo también que su país llevará hasta las "últimas consecuencias" los alcances del fallo de la CIJ, que obliga a Nicaragua a indemnizar a Costa Rica por los daños causados en el sector fronterizo de Isla Calero, con la apertura de dos caños artificiales hace cinco años.

El alto tribunal falló este miércoles en La Haya sobre una demanda entablada por San José en 2010, cuando acusó a Managua de invadir el territorio conocido como Isla Calero o Harbour Head mediante el dragado de un caño ubicado en la referida zona.

En su explicación, la CIJ señaló que según tratados internacionales "el territorio bajo soberanía de Costa Rica se extiende desde la parte baja de la margen derecha del río San Juan hasta su desembocadura en el Mar Caribe". "El margen derecho del caño que Nicaragua excavó en 2010 no es parte del limite entre Nicaragua y Costa Rica. La soberanía sobre el territorio en disputa por lo tanto es de Costa Rica", concluyó la CIJ en su esperado veredicto.

En vista de ello, consideró que las actividades de dragado de Nicaragua en Harbour Head, que Costa Rica denomina Isla Calero, "violaron la soberanía territorial de Costa Rica". "Nicaragua es responsable de estas violaciones y tiene obligación de indemnizar a Costa Rica por el daño causado", sentenció la Corte.

El tribunal de La Haya determinó, además, que Costa Rica no incurrió en daños determinantes a Nicaragua con la construcción de una ruta fronteriza paralela al río San Juan, en contrario a lo que Managua argumentaba en una demanda que presentó en 2011. El tribunal basó su decisión en que Nicaragua "no pudo comprobar" ni presentó "evidencias importantes" que demostraran que la trocha de 160 kilómetros de extensión habría causado una sedimentación severa ni daños ambientales sobre la vía acuática o el turismo.