La denuncia presentada por Carrió y su compañero de bancada Fernando Sánchez quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, quien es subrogado por Norberto Oyarbide hasta el fin de la feria judicial, y el fiscal Gerardo Pollicita.

Carrió y Sánchez denuncian que el titular de la Corte ocultó activos financieros en el exterior y sólo los habría incorporado a su declaración jurada de bienes en el contexto de las políticas de “blanqueo” que dispuso el anterior gobierno. Concretamente, se menciona la existencia de un plazo fijo en un banco suizo, radicado en una filial estadounidense, cuya existencia no habría sido consignada sino hasta que el juez se acogió al régimen de blanqueo de capitales dispuesto por ley.

En cuanto a Marchi, los legisladores denunciaron la omisión de la declaraciones juradas de impuesto a las ganancias de 2005 a 2011 y de un imueble rural.

La documentación presentado por Carrió surge de una antigua denuncia del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a quien la diputada impugnó, sin éxito, para que asuma el cargo de titular de la Auditoria General de la Nación (AGN).