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El abogado Horacio Rosatti, ex ministro de Justicia en 2004, recibió 2104 adhesiones y 1424 impugnaciones a su postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que su colega Carlos Rosenkrantz tuvo 2629 avales y 1428 rechazos. Unos y otros integran el total de 7585 presentaciones a favor y en contra de que ambos juristas integren el máximo tribunal, que fueron recibidas en el Ministerio de Justicia al concluir hoy el mes que fija el decreto 222/03 como plazo para que se formulen observaciones públicas de los candidatos.

La mayoría de los organismos defensores de los derechos humanos -la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y el Centro de Estudios Legales y Sociales- objetaron a ambos con un argumento que se reitera: convalidaron el procedimiento de designación por un decreto presidencial al que califican de “irregular y de dudosa constitucionalidad”.

El 15 de diciembre pasado el presidente Mauricio Macri designó a Rosatti y Rozenkrantz “en comisión” para cubrir los dos cargos vacantes de los cinco miembros que debe tener la Corte por la ley vigente. Invocó para ello un inciso del artículo 99 de la Constitución Nacional que faculta al mandatario a "cubrir cargos" cuando hay receso parlamentario, con lo que omitió el trámite ordinario de audiencias públicas y posterior votación en el Senado con una mayoría especial de dos tercios, también fijada en la Constitución.

En medio de la polémica, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, acordó con Macri aplazar la toma de juramento de los dos designados hasta después de la feria judicial de enero. Mientras tanto, comenzó a correr el plazo de un mes para recibir avales y rechazos a partir de que se publicaron los curriculums de Rosenkrantz y Rosatti en los diarios de mayor circulación.

Según los registros guardados la oficina de Decretos del ministerio, entre las entidades requeridas (a las que se pidió opinión) que se manifestaron a favor de Rosenkrantz y de Rosatti figuran organismos del sector judicial. como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y universidades donde ambos dictaron cursos, asi como un aval el sindicato UPCN. En algunos casos se trata de declaraciones en las que dejan sentado que no ven reparos además de ponderar la “probidad” de los candidatos.

También la DAIA dio su respaldo a Rosenkrantz con el argumento de que se trataría del primer judío en integrar la Corte, mientras el Arzobispado de Santa Fe se pronunció a favor de Rosatti por los cargos que ocupa en la Universidad Católica local.

En cambio, Abuelas, la APDH, la Federación Judicial Argentina, el CELS y la Fundación de Altos Estudios Sociales centran su crítica a que ambos pretendientes no rechazaron el procedimiento irregular por el que fueron nombrados. En presentaciones a título individual los diputados del FPV Nilda Garre, Hector Recalde y Juliana Marino, rechazaron directamente el mecanismo.

El CELS objetó tanto a Carlos Rosenkrantz como a Horacio Rosatti por haber convalidado “un procedimiento de designación irregular y de dudosa constitucionalidad". "La aceptación de este procedimiento los hace pasibles de impugnación” afirmó el organismo, que cuestionó que Macri sostenga la designación en comisión y, a la vez, abra el trámite normal de selección de jueces para la Corte.

La entidad criticó además que no se haya respetado el equilibrio de género y, sobre el perfil de los designados, observó que incluyen “posturas regresivas” en “temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.

También un grupo de mujeres encabezadas por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa y concejal de Tigre, y su madre, la diputada Marcela Durrieu, rechazan a ambos candidatos porque no contempla un “cupo femenino” reclamado para el máximo tribunal.

En tanto, con la firma de Cesar Cigliutti, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) respaldó a Rosenkranstz por su “defensa” de la entidad y de los derechos humanos aun antes de tener la personería. En cambio, la Comisión de Familiares de Desaparecidos que encabeza Angela Boitano puso de manifiesto que el mismo candidato cuestionó los fallos “Simón” y “Mazzeo” que habilitaron juzgamiento por delitos de lesa humanidad, además de tener como clientes en su estudio al Grupo Clarin y a Cablevisión.