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El jurista propuesto por el Poder Ejecutivo para la Corte Suprema defendió su pliego durante cinco horas ante la comisión de Acuerdos del Senado al adelantar que se excusará "en aquellos casos en los que he intervenido" y prometió actuar "con imparcialidad" en base a la jurisprudencia del tribunal y no según su "propia ideología".

La postulación de Rosenkrantz fue impugnada por varias organizaciones de derechos humanos, que recordaron que el abogado cuestionó los fallos “Simón” y “Mazzeo” —que habilitaron juzgamiento por delitos de lesa humanidad— y que tuvo como clientes en su estudio al Grupo Clarín y a Cablevisión. Entre los respaldos, el letrado recibió el de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) por su “defensa” de la entidad y de los derechos humanos aun antes de tener la personería.

Al responder a un planteo de Juan Manuel Abal Medina (FPV-PJ) sobre la protesta pública —en medio de la polémica por el Protocolo de Seguridad—, el jurista resaltó que la libertad de expresión es un derecho "superprotegido", aunque consideró que "hay protestas y protestas" y cree que se debe evaluar si los manifestantes "tienen mecanismos alternativos", "si se trata de actos expresivos que no se pueden regular o que se puede regular".

En cuanto a radicar demandas en instancias internacionales por delitos de lesa humanidad, apuntó que "la excesiva recurrencia a tribunales extranjeros socava nuestra práctica constitucional". En tanto, sobre la "ley de derribo" aplicable a aeronaves sospechadas de narcotráfico, reconoció que decidir "para qué lado de la balanza debe inclinarse es una cuestión problemática", pero ratificó el principio general de que "nadie puede ser penado sin proceso".

El martes próximo al mediodía, los pliegos de Horacio Rosatti y de Rosenkrantz serán tratados en la comisión de Acuerdos para luego ir al recinto -sin fecha, aún- donde ambos juristas necesitan los dos tercios de los votos.

Entre otras respuestas que ofreció a los senadores, Rosenkrantz admitió que "establecer los límites en que la justicia se convierte en gobierno es complicado" y "es un área que está en turbulencia"; consideró analizar "caso por caso" los que interfieran con el principio de "máxima divulgación", como el caso de la confidencialidad de cláusulas del acuerdo de YPF con Chevron; y aseguró estar "dispuesto a pagar los impuestos", aunque reconoció los argumentos de la Corte que indican que los magistrados no están obligados.