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El relator especial Juan Méndez y la abogada Soledad Deza, en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos.

Imagen: Bernardino Avila.

El relator especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, pidió información sobre el caso de Belén, la joven tucumana, presa por un aborto espontáneo, para evaluar si se violaron sus derechos humanos y si corresponde realizar una denuncia –en la jerga diplomática el procedimiento se llama, comunicación– al Estado argentino, para que dé explicaciones al respecto. “El caso me interesa, se inscribe en los casos en los que venimos actuando. A ciertas mujeres se las somete a trato cruel e inhumano, porque se imponen actitudes discriminatorias o patriarcales cuando quieren acceder a la atención sanitaria y a derechos contemplados en la ley”, dijo a Página/12 Méndez, al finalizar su exposición en una audiencia pública convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, bajo el título “El rol del Estado frente a la violencia contra las mujeres: tortura y otros malos tratos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”.

Mientras en el país el caso sigue generando repudios, luego de que la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán rechazó el martes su pedido para que cese la prisión preventiva, la historia de Belén llegó a las páginas de un diario de Londres. Ayer, Amnistía Internacional, publicó en el periódico “Metro”, de distribución gratuita en la capital británica, una solicitada reclamando su libertad y denunciando las circunstancias arbitrarias por las cuales fue condenada a 8 años de prisión por el delito de “homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación”, y por las que está detenida desde hace dos años y dos meses. “Sufrir un aborto espontáneo no es un crimen. Por favor, unite a Amnistía Internacional para pedir al fiscal general de Tucumán, Edmundo Jesús Jiménez, que libere a Belén”, dice el texto de la organización de derechos humanos (ver aparte). A nivel global, la entidad ya juntó alrededor de 24 mil firmas en diferentes países, entre ellos Francia, Taiwan, Estados Unidos, Bélgica, Polonia, Noruega, exigiendo que la joven, de 27 años, recupere su libertad.

El drama de Belén llegó también a la Cámara de Diputados. El miércoles su detención arbitraria fue eje de una audiencia convocada por la Comisión de Derechos Humanos, que encabeza la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, en la que el relator especial de la ONU contra la Tortura, presentó su reciente informe que brinda una perspectiva de género de la tortura y otros tratos openas crueles, inhumanos o degradantes, con una mirada especial sobre los derechos sexuales y reproductivos en entornos sanitarios.”Las mujeres y niñas son víctimas de múltiples formas de violencia. Una de esas se desarrolla en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, a través de leyes, políticas o prácticas estatales dirigidas a controlar sus vidas y sus cuerpos”, afirmó Méndez. “Cuando el Estado perpetúa estereotipos y prejuicios de género discriminatorios, permite que se cometan de manera impune actos prohibidos. Además, incumple su deber de prevenir la violencia contra la mujer, la tortura y los malos tratos”, agregó. Consultado por este diario, el relator especial sobre la Tortura reveló que pidió información sobre el caso de Belén para determinar si corresponde elevar una “comunicación” al Estado argentino, si comprueban que hubo violación de los derechos humanos de la joven, durante la atención médica y la persecución penal de la que fue y es objeto.

En la reunión estuvo también la abogada Soledad Deza, representante legal de Belén desde que su caso tomó estado público, e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Deza contó detalles de las irregularidades que rodean a la causa judicial contra la joven y señaló la manera en que se inscribe el caso en el contexto de la problemática generada cuando el Estado reproduce conductas de maltrato e humillación en entornos institucionales, como el Hospital Avellaneda, de Tucumán. A ese centro de salud Belén fue en busca de ayuda médica por dolores abdominales, pero por haber asistido allí terminó presa, acusada primero de provocarse un aborto y después de cometer un homicidio agravado por el vínculo, aunque en la historia clínica figura que tuvo un aborto espontáneo y que ella no sabía que estaba embarazada.

“Belén hoy se siente acompañada. Y lo agradece”, dijo Deza, en relación a los apoyos de legisladoras, organizaciones de derechos humanos y de mujeres. En la Sala II del segundo piso del Anexo de Diputados se destacaban los pañuelos verdes, símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que llevaban integrantes de distintas entidades que impulsan una reforma para despenalizar la interrupción legal de embarazo, y que participaron del encuentro.

A su turno, Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional dio detalles de un informe regional de la entidad, que reúne casos paradigmáticos de la manera en que los Estados, a través de sus políticas y prácticas, son generadores de violencia contra las mujeres y niñas, particularmente cuando enfrentan un embarazo que no quieren continuar, porque pone en riesgo su vida o su salud, o fue consecuencia de un abuso sexual o una violación. “El Estado es un aparato reproductor de la violencia contra las mujeres”, afirmó Doz Costa, luego de detallar distintos casos analizados, incluido uno ocurrido en 2011 en el Hospital San Roque, de la ciudad entrerriana de Paraná –revelado oportunamente por este diario–, donde le suspendieron ilegalmente un aborto terapéutico, que estaba programado, a una mujer, de 36 años, con un embarazo de alto riesgo y la obligaron a continuar con la gestación: después de dar a luz tuvo un accidente cerebro vascular, que le dejó graves secuelas médicas.

Además de la diputada Donda, estuvieron otras legisladoras de su bloque, Graciela Cousinet y Federico Masso. También la radical Alejandra Martínez y Soledad Sosa, del Frente de Izquierda. “Estamos viendo estos casos que nos advierten y nos alarman sobre mujeres desamparadas y solas, perseguidas por la Justicia”, sostuvo Sosa, antes de pedir a al fiscal general de Tucumán, Edmundo Jesús Jiménez, “que libere a Belén”.