[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El juez federal Luis Rodríguez, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, ordenó una serie de diligencias para requirir documentación en las oficinas Ministerio de Energía, la Oficina Anticorrupción y de YPF en el marco de la causa que tiene imputado al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por "negociaciones incompatibles" debido a su doble rol como funcionario público y accionista de Shell, en el marco de los aumentos de tarifas de gas y la compra de ese combustible a Chile, sin licitación pública y con supuestos sobreprecios.

Entre ayer y hoy, la Policía Federal se presentó con órdenes de allanamiento en el Ministerio de Energía, la Oficina Anticorrupción y de YPF, para retirar documentación que permita avanzar en la investigación que también tiene como imputados al Secretario de Combustibles, José Luis Sureda, y al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik. Según distintas fuentes, la documentación fue entregada de forma voluntaria, sin necesidad de efectuar el allanamiento.

Stornelli pidió en su resolución al juez todos los expedientes y actuaciones vinculadas a la compra de gas a Chile en los que hubiera intervenido Enarsa, Solgas, ENAP, Endesa Chile, Metrogas, Enge y Grupo GOF Suez.

Además, solicitó la documentación del Ministerio de Energía sobre las actuaciones que tramitaron la suba de tarifas de gas, y las licitaciones que se hubieran hecho este año y en las que podría haber participado Shell, entre otras firmas.

La causa contra Aranguren fue presentada por los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tahiade tras el tarifazo de gas, que el ministro autorizó, sin audiencia pública previa, en febrero último, y lo beneficiaría por ser accionista de Shell.

En tanto, también se acusa a Aranguren de haberse beneficiado por la compra millonaria de gas a Chile, sin licitación pública y con supuestos sobreprecios del 128 por ciento, por intermedio de la empresa Shell, empresa que Aranguren presidió hasta el año pasado. El ministro eligió comprar el combustible en Chile, cuando regía previamente un acuerdo con Bolivia.