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El reclamo por la libertad de Belén, la joven tucumana presa desde hace dos años tras haber sufrido un aborto espontáneo, crece y presiona. Esta vez, la Mesa por la #LibertadparaBelén, conformada por 40 organizaciones tucumanas y nacionales que concurren de un muy amplio arco político, convocó a una marcha nacional, una marcha en cada plaza del país, a realizarse el viernes 12 de agosto a las 17. En la Plaza Yrigoyen, en San Miguel de Tucumán, ese mismo día, pero a las 11, la Mesa tendrá una actividad extra, específica y local: se concentrará frente a los Tribunales para recordarle a la Corte provincial –que tiene que decidir sobre la libertad de la joven–, que Belén está presa sin motivo alguno desde hace unos 900 días. Y que no estaría bueno que el vértice de la Justicia tucumana convalide los atropellos a los derechos humanos a los que fue sometida. En realidad, motivos para que la tengan sometida a prisión hay: es mujer, y por eso castigada tras haber sufrido a la moral médica, policial y judicial entrometidas dentro de su cuerpo, disponiendo qué sí y qué no.

La Mesa convocante difundió un comunicado en el que sostiene que “ consideramos de fundamental importancia que en todas las plazas del país se escuche el reclamo de inmediata libertad y anulación de la condena. El comité de derechos humanos de ONU ya pidió al Estado argentino que tome medidas para su inmediata liberación en virtud de las violaciones que se cometierom a estándares internacionales de derechos humanos. El ministro fiscal dictaminó que ‘la causa es nula’ desde fojas 1 reconociendo que no existen fundamentos para condenar a Belén. A nivel mundial Amnistía Internacional recogió más de 120.000 firmas que respaldan el pedido de libertad. Belén no puede seguir presa y condenada.”

“Hay dos datos importantes que levantamos externos además de las serias falencias de la causa misma –dijo Soledad Deza, actual abogada de Belén, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir de Tucumán y de la Mesa–. Son dos cuestiones que las consideramos centrales: una es la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió por su libertad al gobierno argentino. La otra, es el dictamen del ministro fiscal Edmundo Jiménez, que viene a ser como el procurador General, que dijo en un dictamen que la investigación en la causa es nula y que la sentencia con la que la condenaron no tiene fundamentos. Esos datos, de cara a una joven que lleva casi 900 días, dicen que no se pueden esperar los 90 días hábiles que tiene la Corte para decidir.”

La Mesa por la #LibertadparaBelén está conformada por 40 organizaciones de mujeres, de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, y partidos políticos de Tucumán; y dos organizaciones de nivel nacional, una Católicas por el Derecho a Decidir, porque a través de Soledad Deza ya participa su brazo local; y otra, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La Mesa reclamó en su convocatoria que “la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ni puede ser parte de la cadena de violaciones a sus derechos fundamentales. Inmediata libertad para Belén. Gobierno nacional y provincial deben tomar medidas para que no hayan mas Belén. Ni una presa más por aborto!”.

No se debe leer la presión por la libertad de Belén como un reclamo por una libertad individual. Sería un error. “Consideramos que el caso de Belén compone un mensaje disciplinador para todas las mujeres –denunció Deza–. Belén somos todas”.

El lunes pasado, Página/12 publicó la primera entrevista concedida por la joven presa a un medio nacional, en la misma Unidad Penitenciaria Femenina Nº4, en Banda del Río Salí, a un costado de la ciudad, donde permanece desde hace dos años, después de haber entrado al Hospital Avellaneda para ser atendida por dolores estomacales y sufrir un aborto espontáneo.

“En Tucumán, el caso de Belén fue tratado en tres oportunidades en el diario hegemónico, que es La Gaceta, en la sección de Policiales –describió Deza–, y en una de esas tres oportunidades se la vinculó con Romina Tejerina. Ahora, vemos que por primera vez salió de la sección de Policiales y pasó a la de Política. Esto es afín al corrimiento que tuvo la opinión pública, a partir del dictamen del fiscal y del mensaje internacional. El Estado tiene que hacerse cargo que la discriminación a la que fue sometida interpela a la política sanitaria, a la política criminal y a la justicia. Acá hay un estado que la maltrató desde el sector de la salud, de la policía y desde el Poder Judicial. Sin esa tríada de poder es muy difícil que se criminalice”.

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