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Los dirigentes de la comunidad judía argentina instrumentaron una jugada, a dos puntas, para reabrir la archivada denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman. Hoy por hoy no existe ningún acuerdo con Irán y el memorándum dejó de existir porque Irán lo desechó y la Justicia argentina lo declaró inconstitucional. De manera que el único objetivo de la dirigencia es conseguir algún tipo de condena contra la ex presidenta. Además, en su alineamiento internacional, la DAIA parece buscar un escarmiento para cualquiera que intente algún tipo de acuerdo con Irán, así sea para que declaren los sospechosos del atentado.

Ayer, la DAIA presentó un escrito de 20 páginas ante el juez Daniel Rafecas pidiéndole que revoque su decisión de archivar la denuncia de Nisman. El juez sostuvo en su momento que no existía delito alguno en lo señalado por el fiscal y fue respaldado por la Cámara Federal, el fiscal de Casación y casi todos los juristas del país. La DAIA argumenta ahora que se produjeron hechos nuevos, aunque la realidad es que las dos cosas que mencionan –una llamada telefónica y la inconstitucionalidad del memorándum– no son para nada novedosos.

Por el otro lado, la DAIA presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio en el expediente impulsado por abogados del PRO o de derecha en que se acusa por traición a la patria a CFK, a Timerman y a todos los diputados y senadores que votaron a favor del memorándum. Y en la misma causa se produjo la presentación de dos familiares de las víctimas del atentado, allegados a la DAIA y la AMIA, que intentaron reforzar la denuncia por traición a la patria. Bonadio les aceptó ayer el texto en el que argumentan, por ejemplo, que el memorándum no fue elaborado por el equipo jurídico de la Cancillería. Sobre esa base arremeten, inexplicablemente, con la imputación del delito de traición a la patria.

Novedades

El argumento principal de la DAIA es que Rafecas debe sacar del archivo la denuncia de Nisman porque se produjeron dos hechos novedosos:

- El primera es que Timerman habló por teléfono con el entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y en esa conversación sostuvo que Irán puso la bomba y que justamente por eso había que negociar con ellos, para que sus ciudadanos sospechados de participar del atentado declarasen ante el juez. Cuando Bonadio llamó a Borger a testificar, éste dijo que no grabó la conversación –es decir que se trata de una escucha clandestina–, pero además manifestó que no había nada nuevo en lo hablado, que Timerman ya había manifestado lo mismo en público. El propio Borger derrumba la hipótesis de que se trata de un hecho nuevo.

- La segunda novedad que remarca la DAIA para señalar que se debe desarchivar la denuncia de Nisman es que quedó firme la inconstitucionalidad del memorándum entre Argentina e Irán, a raíz de que Mauricio Macri desistió de sostener los recursos ante la Justicia. En verdad, el memorándum no estaba activado cuando Rafecas emitió su fallo, sino que ya había sido declarado inconstitucional por la Cámara Federal. De todas maneras, con este argumento el escrito de la DAIA pone en el centro de la escena el memorándum y, si todo gira alrededor de ese texto, los dirigentes de la comunidad judía tendrán que acusar al Congreso, es decir a los diputados y senadores que lo convirtieron en ley. El memorándum no fue un pacto oscuro, sino un tratado público que se debatió en el Congreso.

Como es obvio, Rafecas dedicará unos días a estudiar el escrito y la lógica es que conteste con una resolución. El camino de la DAIA es después apelar a la Cámara que convalidó el archivo hace un año y luego hacer un intento en Casación. Si todo esto no funciona, está abierta la otra puerta, la de Bonadio.

Alternativa

Con un poco más o un poco menos de ruido, los dirigentes de la comunidad judía están trabajando en la alternativa de recurrir al siempre dispuesto juez Bonadio. La opción es llamativa porque Bonadio estuvo cinco años a cargo de la causa por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA. Como no hizo nada, terminó apartado. Pero hoy es la vía elegida contra la ex presidenta y el ex canciller.

La causa la originó un denunciador habitual, alineado con el PRO: Santiago Dupuy de Lome. A él se sumó otro denunciador compulsivo, José Magioncalda, que en los últimos años la emprendió contra CFK decenas de veces, Alicia Kirchner, Julián Domínguez, César Milani y otros funcionarios. Magioncalda hizo un agregado sustancial a lo de Dupuy de Lome: acusó también a los diputados y senadores por el memorándum.

Tras la suma de denuncias, el fiscal Eduardo Taiano tuvo que resolver sobre el impulso al expediente. Y no se quedó corto: quedaron imputados por traición a la patria CFK, Timerman y todos los diputados y senadores que convirtieron al memorándum en ley.

En ese expediente que tiene el mismo objetivo, el desarchivo de la denuncia de Nisman, la DAIA se cuidó de ser parte: presentó un escrito sugiriendo argumentación, pero no quiso poner el cuerpo como querellante a una acusación de traición a la patria. De hecho, implicaba sumarse al tradicional argumento antisemita de que un canciller judío es, de por sí, un traidor a la patria.

De todas maneras, los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch, representados por el abogado Juan José Avila, sí pidieron ser considerados querellantes y ayer el juez Bonadio les aceptó el escrito.

Motivos

Con un memorándum que ya no tiene vigencia alguna, queda la duda del motivo por el cual la dirigencia judía emprende esta nueva ofensiva. Ya pasó un año desde que se archivó la denuncia y ocho meses desde que se inició la causa en el juzgado de Bonadio.

Parece obvio que los dirigentes comunitarios buscan una condena de la ex presidenta y el ex canciller. En la campaña de la derecha republicana e israelí, en pleno proceso electoral en Estados Unidos, viene bien que se diga que un juez federal acusa a CFK y a Timerman de encubrimiento o de traición a la patria por un memorándum con Irán relacionado con terrorismo. Es señalar el contraste con la administración Obama, que firmó su propio memorándum con Teherán. No será un argumento decisivo en la campaña de Trump, pero algo es algo.

Y por supuesto que también importa –con la bendición del gobierno de Mauricio Macri– poner en jaque judicial a la ex presidenta. Ya se sabe que, a falta de otros resultados, es la presa mayor en el segundo semestre. De paso, se busca disciplinar a cualquiera que en el futuro se le ocurra tomar un rumbo distinto en materia diplomática y alineamiento internacional.

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