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Por el año electoral que decidirá su rol histórico, Macrì no pudo concluir el ajuste. Lo frenó la resistencia colectiva: empresarios que trasladaron la devaluación a precios, trabajadores, pymes y usuarios de servicios que no se resignan a la pérdida de ingresos o la quiebra. La cita electoral también será decisiva para CFK, cuyo carisma no es transferible a ningún delegado y debe decidir si será candidata. Masividad o marginalidad, dilema para organizaciones sindicales, sociales y políticas.

El análisis del Fondo Monetario Internacional es en este punto objetivo: durante los últimos años, la economía se basó demasiado en el consumo y muy poco en la inversión. Nada indica que el alabado presidente Maurizio Macrì esté avanzando en la corrección de ese desequilibrio entre los factores de la demanda agregada. El consumo disminuyó pero la inversión no se ha recuperado ni lo hará pronto, por decirlo en términos amables. A este cuadro hay que completarlo con las exportaciones, entre las más escuálidas en lo que va del siglo, y el gasto público, que el gobierno quiere y no puede reducir, por la fuerte resistencia social a la pérdida de empleos y salarios y por sus necesidades electorales.

Ajuste o deuda

El gobierno inició su gestión con ímpetu y consiguió para varias de sus primeras medidas la condescendencia política y gremial o incluso el apoyo legislativo, tanto en la convalidación de decretos como en la sanción de leyes. Pero cuando los formadores de precios desairaron las predicciones oficiales de que la devaluación no se trasladaría a las góndolas, la inflación trepó hasta duplicar en forma holgada el cálculo del ministro Alfonso de Prat-Gay. La crioterapia escogida por el Banco Central para contenerla profundizó la recesión. Los sindicatos en las paritarias y los usuarios de los servicios públicos cuyas tarifas se multiplicaron por diez, no se resignaron a esa pérdida abrupta de poder adquisitivo y lo hicieron saber en las calles, igual que los universitarios enojados con el recorte de su presupuesto. La imponente Marcha Federal de hace un mes, la reunificación de la CGT y el Congreso Central Confederal en el que anunció un paro general cuya fecha debe poner el triunvirato directivo, el nulo resultado que hasta ahora ha obtenido el blanqueo y la caída de la inversión pese a los sucesivos road shows fuera y dentro del país, contrariaron los objetivos del gobierno. Para suplir el ajuste y la inversión, ha decidido recurrir sin frenos al crédito externo que, si todo sale como se lo propone, sumará el año próximo otros 40.000 millones de dólares a la deuda en divisas, que de inmediato comenzarán a devengar intereses. La misión del Fondo encabezada por el italiano Roberto Cardarelli repite que la inflación del denostado kirchnerismo se originó en la emisión para cubrir el déficit fiscal, que a su vez se debía a un insostenible nivel de consumo. Nadie le preguntó durante el retorno triunfal del Fondo a Buenos Aires por qué entonces la caída del consumo no redundó en una disminución del déficit y la menor emisión no hizo mermar la inflación en los diez meses del actual gobierno (con excepción del anómalo agosto, que se explica por la anulación judicial del tarifazo energético). En cualquiera de esos casos, debería haber analizado las fuerzas sociales y las relaciones de poder, ¡Dios no lo permita que el FMI es un organismo técnico que aplica una ciencia exacta sin contaminaciones políticas ni sociales!

Los mercados entienden

El gestor de ese endeudamiento es el Secretario de Finanzas Luis Caputo, ex directivo de JP Morgan y Deutsche Bank. Al hablar ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) reconoció que la deuda causaba preocupación pero aseveró que no era problemática, ya que en otros países de la región es hasta un 50 por ciento mayor, porque este año es un cuarto del PIB y al terminar el mandato de Macrì será un tercio, en ambos casos manejable. Caputo agregó que hay margen para financiar de este modo “una convergencia gradual al equilibrio fiscal”.

Antes de salir de Washington el ministro de Economía de Estados Unidos, Jack Lew, se mostró comprensivo de la gradualidad del ajuste argentino contemplada en el proyecto de ley de presupuesto. Ya en Buenos Aires, advirtió que si bien no es posible suprimir el déficit de inmediato, también hay que estar prevenido sobre el riesgo de un sobreendeudamiento, ya que “los mercados de capitales entienden cuando el déficit es sustentable y cuando no”. El ritmo de las reformas debería ser el más rápido posible sin desgarrar el tejido social, prescribió. En la misma lógica, la agencia calificadora Moody’s explicó que no mejora la nota que asigna a la deuda argentina porque sus reservas son escasas en comparación con “la cantidad de dinero que ha tomado prestado en dólares”. Y este mes han sufrido una caída fuerte. Por eso, más allá de la euforia declarativa, Caputo también anunció varios proyectos de ley tendientes a desarrollar un mercado de capitales doméstico que permita reducir el endeudamiento futuro, y el gobierno no se resigna al fracaso que hasta ahora ha tenido su apuesta principal, el blanqueo de capitales: el primer plazo, para comprar un bono a tres años, sin descuento alguno, acaba de vencer con mucho menor éxito que los Cedin de CFK y Axel Kicillof.

Caputo y De Prat-Gay recibieron con alivio las promesas de Lew de un acuerdo fiscal sobre intercambio de datos, lo que haría menos seguro el refugio en Miami y Nueva York de los capitales argentinos fugitivos, aunque es improbable que esto afecte a las guaridas fiscales de Wyoming, Delaware, South Dakota, Alaska y Nevada. Además ese acuerdo fiscal requiere de una ley del Congreso, de sanción incierta en el momento de mayor debilidad del gobierno de Barack Obama, quien acaba de padecer la primera insistencia de ambas cámaras contra un veto presidencial en sus ocho años de gobierno (97 a 1 en el Senado, 348 a 77 en la Cámara de Representantes).

Gestión de crisis

Cada contratiempo el gobierno lo atribuye a la pesada herencia, de cuyos efectos reales se beneficia, como el sostenido desendeudamiento del anterior gobierno, que hoy le da margen para acudir a los mercados voluntarios de deuda en procura de los recursos que no genera su propia política, tan elogiada por gobiernos y organismos de los países centrales. Entre ellos está el Banco Mundial, cuyo director para la Argentina, Jesko Hentschel, sostiene que, pese al aumento de la pobreza y del desempleo, no se vive una situación de crisis social. Esto es discutible para determinados sectores cuyos padecimientos se han incrementado, pero debe considerarse cuando se intenta conformar un cuadro predictivo sobre el futuro cercano. Según los estudios de Cifra-CTA, la devaluación, la quita de retenciones y el aumento de las tarifas provocaron el nivel de inflación más significativo desde las hiperinflaciones de 1989-1990, que en julio de 2016 contrajo un 10,3 por ciento los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado respecto al mismo mes del año anterior. El cuadro, confeccionado por Cifra con datos de Mariana González sobre patrones de crecimiento y mercado de trabajo indica que hay que remontarse a los peores momentos del último cuarto de siglo para encontrar una caída más pronunciada de los salarios reales, del 20 por ciento en 1988, 14,5 por ciento al año siguiente y 18,9 por ciento en el tremendo 2002. Pese a la posible desaceleración del IPC a partir de agosto, la inflación anual se ubicará en torno al 43 por ciento y el salario real anual de los trabajadores registrados perderá al menos 7 por ciento en el año. La caída sería superior si se dispusiera de datos fiables también para los trabajadores informales, que son los más vulnerables.

Los dilemas que hoy enfrenta el primer gobierno neoliberal electo por el voto popular tienen un aire de familia con los que se le presentaron al último gobierno neoliberal que colonizó a un partido de tradición popular para que aplicara su política. En aquel momento las privatizaciones fueron la fuente alternativa de recursos, a la espera de que el financiamiento genuino y la inversión privada productiva sustentaran la viabilidad de un modelo que acabó con la que hace siete décadas fuera la sociedad más desarrollada e integrada de América Latina. El capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas del Estado se malvendió a precio vil, como quien quema los muebles para calentarse a la espera de que termine el invierno. Hoy ese rol lo cumple el endeudamiento externo, posible por la inmejorable ratio sobre el PIB recibida del gobierno de CFK. Aquel proceso pudo afirmarse durante un lustro porque concilió los intereses hasta entonces divergentes de distintas facciones del capital: los bancos trasnacionales acreedores, los operadores internacionales de servicios públicos y los grupos económicos locales (expertos en apertura y lubricación de puertas oficiales), agrupados en Uniones Transitorias de Empresas para aprovechar la rentabilidad extraordinaria de un negocio único. El punto de unidad de ese acuerdo fue avanzar a expensas de los intereses del conjunto de la sociedad, despojada de un activo histórico, y de los trabajadores que, en esos años posteriores a la caída del muro y el hundimiento del socialismo real, perdieron los derechos que ni siquiera la dictadura había podido arrancarles, por temor a que se volcaran hacia la guerrilla.

La Alianza que sucedió a aquel experimento también recorrió el atajo del endeudamiento, pero hoy sabemos que fue apenas un espejismo. Los dictámenes del FMI y los créditos que Fernando de la Rúa presentó como prueba de confianza en su gobierno fueron en realidad el financiamiento, con cargo al pueblo argentino, para que las grandes empresas y bancos retiraran sus recursos del país y miraran desde lejos y a buen seguro el gran resplandor. Pero hoy esos bancos y empresas están en el poder y tienen una conciencia del cuadro político de la que careció aquel desdichado gobierno. De la Rúa no prestó mayor atención al proceso electoral de octubre de 2001 y cuando se conocieron sus horribles resultados se desentendió aduciendo que él no había sido candidato. Dos meses después estaba en su casa, empujado tanto por la sublevación social que siguió al congelamiento de cuentas bancarias en el corralito como al pacto Alfonsín-Duhalde, que promovió su juicio político con la bendición del cardenal Jorge Bergoglio, el único de los tres que sigue actuando en la política argentina, a varias puntas como de costumbre. A diferencia de entonces, el actual gobierno es hiperactivo en el toma y daca de prestaciones recíprocas con gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas. Tiene para ello personal idóneo, comenzando por el ministro de Obras Públicas, Rogelio Frigerio (n), quien se ofende cuando escucha que el gobierno de los ricos es el gobierno de los ricos. Las concesiones que el gobierno ofrece son menores en relación con los retrocesos que los trabajadores han padecido: un bono de fin de año, una exención impositiva sobre el aguinaldo, la actualización de planes sociales en una magnitud que recién será comunicada la semana próxima y la convocatoria a la mesa de diálogo con sindicalistas patronales y obreros que desde Roma reclama su obispo, el papa Francisco. Los obispos argentinos pidieron a la CGT que agotara todas las instancias de diálogo antes de parar y sus plegarias fueron atendidas. En la misma conferencia de prensa en la que anunció esa convocatoria tripartita, Macrì mencionó tres puntos posibles de agenda: bajar las indemnizaciones por despido, reducir el costo para las empresas de la ley de accidentes de trabajo y los aportes patronales al sistema previsional, como hicieron Menem y Cavallo a partir de 1993, lo cual condujo a su desfinanciamiento y ruinosa privatización. Pero aún así, la Proactividad oficial coloca a la oposición sindical y política en un dilema, porque no sólo el gobierno sabe lo que se juega en los comicios del año próximo. La resistencia al programa oficial partió de un piso mucho más alto que en los años 90 frente al menemismo, y la imagen presidencial está sujeta a un proceso de corrosión lento pero constante. Sin embargo, sectores sociales significativos no adherirían a ninguna postura confrontativa. Tanto la convocatoria cegetista de abril como la Marcha Federal de septiembre, en la que ambas CTA coincidieron con sectores significativos de la CGT, desde los camioneros de la familia Moyano a los bancarios de Sergio Palazzo y la Corriente Federal de Trabajadores, encontraron un punto justo de contundencia y masividad del reclamo, sin desatender el estado de ánimo de quienes conservan simpatía por el gobierno o, al menos, desean que le vaya bien. En cambio, la rala Marcha de la Resistencia que Hebe de Bonafini cerró con un insulto a Macrì, repetido el jueves, o los grupos que fantasearon con voltear las vallas policiales el día de la audiencia pública por el tarifazo en la Usina del Arte, se recluyen en la marginalidad y terminan por favorecer al gobierno que con sobradas razones aborrecen.

¿Y Cristina?

La acertada convocatoria de CFK a reunir en un frente ciudadano a todos los afectados por las políticas oficiales, con independencia de su origen, es de difícil concreción sin instrumentos organizativos adicionales a La Cámpora y el Instituto Patria, cuya verticalidad no es el método óptimo para esta etapa. Esto podría cambiar en caso de un estallido, que unos pocos anhelan pero cuya probabilidad hoy parece baja, aunque en el país del 17 de octubre, el Cordobazo y el 19 y 20 de diciembre no puede descartarse. Cristina ha dicho varias veces que no será ella sino el pueblo, dentro de ese conjunto los jóvenes y en especial los muy jóvenes, quienes deberán tomar la posta. Como lectura histórica es tan exacta como la frase célebre de Perón acerca de quién sería su heredero. Con una diferencia no menor: la pronunció a los 78 años, desde la presidencia y dos semanas antes de su muerte, cuya inminencia conocía. La prueba decisiva serán las elecciones de medio término, que definirán si Macrì coloca una bisagra entre dos épocas, como se ilusionaron en su primer año casi todos los presidentes postdictatoriales, o es sólo un paréntesis en el bipartidismo histórico. Las apariciones públicas de Cristina provocan encuentros masivos y de alta emotividad, pero es ostensible que su carisma intacto no es transferible a ningún delegado, por lo que será ineludible que defina si será candidata bonaerense. La inscripción para las primarias vence dentro de apenas ocho meses, en junio de 2017. La ex presidente medita que hará y el último indicio que dejó traslucir es que no tomará ninguna decisión por motivos personales sino en función de los intereses del conjunto, lo cual es lo más parecido a una admisión de esa posibilidad que haya dado hasta ahora. Si bien es prematura cualquier medición, es obvio que tanto para el gobierno como para las distintas tribus del panperonismo no sería lo mismo una elección con o sin CFK en el menú. Quienes pretenden excluir a Cristina del PJ y desde los cargos electivos votan todos los proyectos que envía el gobierno, meditan una posible alianza con Sergio Massa, con quien disputan la conducción del opoficialismo. La principal discusión entre ellos es acumular para fortalecerse antes de sentarse a la mesa de negociaciones o correr ya hacia Tigre. Esta arquitectura de palitos chinos sólo podría sostenerse si la ex presidente decidiera no bajar al ruedo electoral, algo que tendría un costo en la valoración póstuma de la historia.

El salario real en %