La iniciativa, según su autor, "no busca identificar a los adictos sino ayudarlos a curarse", aunque, por otro lado, en los fundamentos sostiene que "un funcionario adicto no resulta confiable para denunciar a un traficante"

Los controles propuestos, en caso de ser aprobados, alcanzarían también en una segunda etapa a análisis de este tipo "a los actuales funcionarios y agentes estatales". Este proyecto de ley está incorporado en el "orden del día " que hoy debatirán los senadores por lo que bien podría se tratado durante esta jornada.

En la presentación Lozano invita a los Poderes Legislativo y Judicial y a los municipios a que adhieran a la iniciativa de practicar rinoscopías y exámenes para detectar adicciones a sustancias prohibidas por la ley nacional 23.737, a los aspirantes como un requisito más para su ingreso en la administración pública.

La medida, se expresa en los fundamentos, "busca preservar la salud de los empleados y funcionarios, como así también disminuir el tráfico de drogas nocivas en el territorio de la provincia de Buenos Aires". Finalmente propone que en el supuesto de detectarse alguna adicción al consumo de drogas," la persona deberá someterse a un tratamiento de rehabilitación". El legislador avala su proyecto sosteniendo que " un funcionario adicto no resulta confiable a la hora de denunciar o detener a un traficante, con lo cual el fin perseguido por la ley nacional (23.737) es de cumplimiento imposible".

Fuente: DyN