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El pedido, reiteración de otros anteriores, se fundamentó en esta ocasión en el descargo efectuado meses atrás por el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, antes de ser procesado por el delito de peculado. Ribelli, querellante en el sumario que instruye Lijo por irregularidades en la investigación del ataque a la AMIA, recordó que, en su indagatoria, Anzorreguy contó que cuando Menem supo del pago "no cuestionó su pertinencia, siendo el único habilitado constitucionalmente a cuestionar la razonabilidad del gasto". ¬ "Es de toda evidencia que existen claras responsabilidades en cuanto a que el señor Menem estaba al tanto de la existencia de un pago espurio y que el mismo era aplicado a la causa AMIA", expuso el querellante a través de su abogado José Manuel Ubeira. "No es descabellado inferir -agregó el letrado- que el ex presidente es responsable como coautor de los delitos de peculado y partícipe en la privación ilegítima de la libertad de las personas que represento". Semanas atrás, el juez procesó también, además de Anzorreguy, al ex juez federal Juan José Galeano (quien instruyó durante casi una década el sumario por el ataque a la mutual judía) por presunto peculado, coacción reiterada, falsedad ideológica, prevaricato y privación ilegal de la libertad. Entonces, además de Anzorreguy, fueron procesados por peculado el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, los ex agentes de inteligencia Patricio Finnen y Alejandro Brouson, Carlos Alberto Telleldín y su pareja Ana Boragni (quienes cobraron el dinero) y el abogado Víctor Stinfale, entre otros. Ubeira afirmó que "citar a indagatoria a Menem y abrir la investigación hacia las más altas responsabilidades políticas contemporáneas a los sucesos que son motivo de la pesquisa". Con anterioridad el letrado, como representante de Ribelli, había reclamado que fuera convocado a declarar como imputado el ex Ministro del Interior Carlos Corach. El juicio oral por el atentado a la AMIA concluyó, luego de tres años de debate, con la declaración de nulidad de las actuaciones y la absolución de todos los procesados, entre ellos Ribelli y Telleldín. La sentencia del Tribunal Oral Federal número Tres impulso un sumario penal para determinar si durante la instrucción de la pesquisa por el atentado se cometieron ilícitos. La "investigación de la investigación" -como se conoce el expediente a cargo de Lijo- estuvo radicada ante el juez federal Claudio Bonadío, hasta que la Cámara del fuero decidió apartarlo de la causa. Galeano "incorporó al proceso información falsa" para "vincular a la investigación a personas respecto de las cuales no existía una real sospecha ya que el objetivo no era esclarecer fehacientemente el atentado y descubrir a sus autores sino el de involucrar a ciertas personas a la investigación, de cualquier forma", sostuvo Lijo al dictar los procesamientos. "Se inventó prueba falsa, es decir más allá de la forma en que se obtuvo, era en sí misma irreal", evaluó entonces Lijo con relación al pago a Telleldín para que incriminara a los policías bonaerense que, al igual que el mecánico, pasaron casi ocho años presos, hasta que el TOF 3 declaró la nulidad de la causa. Con relación a Anzorreguy, Lijó concluyó que actuó en conjunto con Galeano y cometió peculado, es decir sustracción de fondos públicos, al suministrar los 400.000 pagados a Telleldín a mediados de 1996. Fuente: Télam