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El 13 de diciembre de 1976, en plena dictadura militar, se simuló un traslado de detenidos políticos desde Resistencia hasta la ciudad de Formosa, que terminó con el asesinato de 22 presos que se denominó la Masacre de Margarita Belén.

Con motivo del aniversario se desarrollarán actividades culturales, charlas-debate sobre derechos humanos y mañana habrá un "escrache a una figura de la represión ilegal", según informaron los organizadores.

A las 18 se realizará el acto central en inmediaciones de Margarita Belén junto al monumento que recuerda a las víctimas de la masacre.

El domingo 12 de diciembre de 1976 comenzaron los preparativos en una de las unidades de detención, la cárcel de máxima seguridad U7 de donde se retiran a siete militantes, todos detenidos legalmente en ese momento, aunque incomunicados desde varios meses de sus familiares.

De allí fueron llevados en camiones del Ejército hasta la Alcaidía de Resistencia, donde a partir de las 20 comenzaron a ser toturados en el comedor de esa unidad, según relataron años después testigos del hecho.

A este grupo de siete se sumaron en la Alcaidía otros cinco detenidos, algunos legales y otros no, y se agregaron otros ilegalmente presos en la Brigada de Investigaciones de Resistencia.

Eran 22 personas, tenían entre 23 y 36 años y militaban en la Juventud Universitaria Peronista, el Partido Auténtico, la Juventud Peronista, las Ligas Agrarias, y la Juventud Trabajadora Peronista.

La masacre de Margarita Belén ocurrió el 13 diciembre del '76, cuando una patrulla del Ejército los llevó al norte, hasta cercanías de la localidad de Margarita Belén para fusilarlos.

Las muertes fueron presentadas luego como producto de "un enfrentamiento entre grupos antagónicos".

Los cadáveres de siete de las víctimas fueron entregados a sus familiares, pero las restantes siguen desaparecidas.

En octubre de 2004, el gobierno nacional se presentó como querellante en la causa y pidió la detención de diez militares acusados de haber sido los autores directos de la matanza.

En la presentación realizada ante el juzgado federal de Resistencia por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde se planteó que aquellos fusilamientos deben encuadrarse en la categoría de "crímenes contra la humanidad", ante los cuales el Estado argentino tiene la obligación de intervenir.

El 17 de junio de 2003 el juez chaqueño Carlos Skidelsky ordenó la detención de diez acusados, entre los que estaban el entonces agregado militar en Roma, Horacio Losito, Jorge Alcides Larrateguy, Athos Gustavo Renes y Rafael Carnero Sabol.

También fueron detenidos Norberto Raúl Tozzo, Luis Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segon, Ricardo Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme.

Sin embargo, ante un pedido de hábeas corpus de uno de los militares, todos fueron liberados un mes más tarde por la Cámara Federal de Resistencia.

El ex jefe del Ejército, fallecido el año pasado Ricardo Brinzoni, que en 1976 era capitán y ocupaba la Secretaría General del gobierno chaqueño reconoció en 2002 en una entrevista que los hechos de Margarita Belén fueron "un fusilamiento encubierto" del que se enteró "mucho tiempo después" a raíz de "investigaciones propias".

En una nueva instancia, fueron detenidos y alojados en la Base de Apoyo Logístico del Ejército en el barrio La Liguria de Resistencia Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Athos Renes, Aldo Martinez Segon, Rafael Carnero Sabol, Ernesto Jorge Simoni y Luis Alberto Pateta.

En tanto Jorge Alcides Larrateguy falleció el año pasado y Norberto Raúl Tozzo se halla prófugo con pedido de captura nacional e internacional expedida por el juez Skidelsky.

Fuente: Télam