Cavallo fue llevado ayer ante el juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de España, donde dio su consentimiento para ser entregado a la justicia argentina que lo reclama por cinco causas judiciales, una de ellas la de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada).

El ex marino está acusado en Argentina de delitos de "privación ilegal de la libertad agravada de forma reiterada, imposición de tormentos con resultado de muerte, imposición de tormentos, robo, extorsión, falsedad ideológica de instrumento público, asociación ilícita y otros".

En España Cavallo estaba a la espera de juicio oral en el que afronta una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010 por "crímenes contra la humanidad o genocidio".

En la breve comparecencia ante el juez Fernando Andreu, el ex marino aceptó ser extraditado y también dijo que es "inocente" respecto a todos los hechos que se le imputan.

Además, Pamos de la Hoz explicó a Télam que presentó ante el juez un escrito enviado a la Embajada de México en España en el que se informa que Cavallo "muestra conformidad con su extradición a su país de origen", por lo que "no debe existir ningún impedimento para que esto produzca".

"México debe dar su conformidad, en caso contrario, se abriría un proceso de extradición en la Audiencia Nacional, porque un tercer país tampoco puede condicionar a la justicia española", dijo el letrado.

Aunque la decisión de extraditar al represor argentino está en manos de la justicia española, requerirá del visto bueno de México, ya que fue allí donde se detuvo a Cavallo el 24 de agosto de 2000 cuando intentaba huir a la Argentina.

El ex marino, quien en México era director de una empresa privada, fue extraditado tres años después a España por orden del juez español Baltasar Garzón, quien investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Desde entonces, Cavallo está detenido en el penal madrileño de Soto del Real, en una celda común, al igual que el ex marino Adolfo Scilingo, quien en el marco de la misma causa cumple una pena de 640 años por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Alcalá Meco.

Sin embargo, el 20 de diciembre de 2006, pocos meses antes que concluyera el plazo máximo de prisión provisional de cuatro años, la Sala III de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió inhibirse a favor de la jurisdicción argentina.

El argumento esgrimido es que el ex marino debía ser procesado en el lugar donde se cometieron los delitos que se le imputan por haberse derogado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la Argentina.

El pasado día 2 el Consejo de Ministros español acordó continuar los trámites para extraditar a Cavallo, aunque la decisión quedó sujeta a la resolución en el Tribunal Supremo español de un recurso de casación presentado contra la decisión de la Audiencia Nacional de no juzgarlo.

Un error de la Sala III permitió que el ex marino, señalado por testigos como uno de los represores que actuaba en la ex Esma, se paseara por Madrid la noche del 29 de enero pasado y disfrutara de su libertad hasta la mañana siguiente cuando volvió a ser apresado a los fines de su extradición a la Argentina.

Aunque el ex marino "se podría haber fugado, es sabido", porque así lo manifestó su abogado defensor en reiteradas ocasiones, quiere ser enviado a la Argentina.