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La vice secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, también negó que Bush esté buscando un reemplazante para Gonzales tras el escándalo de los fiscales, que es investigado por la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado.

"El presidente reafirmó su firme respaldo al ministro de Justicia. El presidente lo llamó para reafirmar su apoyo", dijo Perino, citada por la cadena de noticias CNN.

La situación del ministro de Justicia, a quien los analistas insisten en situar en la cuerda floja, se complicó aún más ayer cuando la cartera a su cargo envió a la Comisión de Asuntos Judiciales abundante documentación que le fue exigida.

Entre los más de 3.000 correos electrónicos y otros materiales entregados, particularmente problemática resultó ser la preocupación que expresó el jefe de asesores de Gonzales sobre la posibilidad de que uno de los fiscales echados tenga que testificar ante el Congreso.

"No creo que debiera. ¿Cómo responderá? `¿Renunció usted voluntariamente? ¿Quién le dijo que lo hiciera? ¿Qué le dijeron?'", escribió el jefe de asesores Kyle Sampson en un e-mail del 1 de febrero pasado citado por CNN.

Sampson se refería al fiscal Bud Cummins, quien fue reemplazado por Tim Griffin, un ex asistente del principal asesor y máximo estratega político de Bush, Karl Rove.

El domingo, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, Patrick Leahy, dijo que planeaba citar a declarar a Rove y a otros altos funcionarios de la Casa Blanca.

El presidente Bush puede invocar privilegios e impedir la comparecencia de Rove, pero si lo hace se arriesga a exponer a la opinión pública que tiene algo que ocultar, según analistas.

Gonzales dijo primero que el despido de los fiscales había respondido a causas relativas a su desempeño y no a motivaciones políticas, al tiempo que negó cualquier rol de la Casa Blanca.

Pero una primera tanda de e-mails difundidos la semana pasada contradijo su afirmación e hizo que se disculpara por los errores que podría haber cometido al echar a los fiscales.

Los correos electrónicos mostraron que Rove, ya en enero de 2005, quería echar y reemplazar a todos los fiscales al inicio del segundo mandato de Bush, y que hasta cierto punto trabajó junto a Kyle Sampson para despedir a algunos procuradores.

Gonzales es uno de los ministros más cercanos a Bush, de quien es amigo desde que fuera su ministro de Justicia y secretario de Estado cuando el mandatario fue gobernador de Texas, y el caso de los fiscales se suma al enfrentamiento de la Casa Blanca con el Congreso, dominado por los demócratas, por la guerra en Irak.

La Cámara de Representantes votará en los próximos días una crucial ley sobre Irak impulsada por la oposición demócrata, que incluye una cláusula que exige la retirada total de las tropas esatdounidenses de ese país para el 1 de septiembre de 2008.

La Casa Blanca advirtió que el presidente Bush vetará la norma por considerar que amenaza la seguridad nacional, incluso pese a las escasas posibilidades que tiene la ley de ser aprobada por el Senado, que la semana pasada rechazó una legislación similar.

La norma en cuestión es en realidad una ley más amplia de presupuesto militar que autoriza gastos por 124.000 millones de dólares, 95.500 de ellos para las guerras en Irak y Afganistán.

Pero la legislación, ya aprobada en comisión la semana pasada, también incluye un artículo que exige la retirada de todas las fuerzas estadounidenses de Irak para septiembre de 2008 e incluso antes si el gobierno iraquí no cumple sus propios compromisos, como por ejemplo mejorar la capacidad de sus fuerzas de seguridad.

Fuente: Télam

Nota relacionada: No es el de la guía, es el de Abu Ghraib