"El PRO ha hecho bandera de la `nueva política´ y la transparencia mientras, en los hechos, ha establecido un doble estándar donde la ley se aplica con rigurosidad y mano dura para los vecinos, mientras no alcanza a los círculos de poder, de funcionarios y empresarios amigos", afirmó Cerruti.

La legisladora recordó que Macri no solo está imputado en la causa de las escuchas ilegales, acusado de los delitos de violación de secreto, abuso de autoridad y asociación ilícita, y que su procesamiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal. El jefe de Gobierno porteño está involucrado, además, en la causa que investiga los atropellos de la ex Unidad de Control del Espacio Público, "el organismo integrado por una treintena de empleados públicos que se encargaban de perseguir, hostigar y golpear a personas en situación de calle". Según Cerruti "la causa de la ex UCEP se originó en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Parada, y el juez Facundo Cubas investiga los presuntos delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La tercera causa que lo salpica es la referida a la licitación del mobiliario urbano, donde se investiga por "administración fraudulenta a funcionarios de la gestión PRO, inclusive a Macri, por haber direccionado la licitación para beneficiar a una empresa", precisó la legisladora. Para Cerruti, "aún descartando la inhabilitación como candidato, las condiciones legales para la contratación de empleados de la Ciudad, avaladas por el macrismo mismo, conllevarían el absurdo de que el jefe de Gobierno no se podría contratar como empleado municipal".