El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró hoy que el Estado tiene responsabilidad en las muertes de los 34 reclusos en el Penal de Varones de Santiago del Estero, ya que es su obligación garantizar las condiciones de detención y los derechos de los presos.

Mediante un comunicado, el Cels consideró que las muertes ocurridas en el penal "se explican por la falta de medidas de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales".

Si bien no son claras las causas que originaron este motín y el incendio, el CELS remarcó "la responsabilidad directa del Estado por la vida de quienes se encuentran a su cuidado, y su obligación de garantizar condiciones de detención que respeten y garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad".

Al respecto, el CELS detalló que, según datos oficiales del año 2005, el penal santiagueño tiene una superpoblación del 122 por ciento y de las 444 personas alojadas allí, 276 están detenidas sin sentencia firme.

"Esta situación interpela a los distintos poderes del estado provincial que deben modificar las condiciones de detención y de seguridad de las personas alojadas en unidades penitenciarias, revisar el uso abusivo de la prisión preventiva y modificar la legislación que avala esa práctica", se añade en el escrito.

El CELS señaló que "estos hechos repiten situaciones similares de extrema gravedad que tuvieron lugar en jurisdicciones provinciales sin que ello haya generado una política estatal a nivel federal".

Por esta razón, el CELS solicitó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que "convoque en forma urgente al Consejo Penitenciario Federal a fin de analizar la situación y establecer estándares claros sobre las condiciones de seguridad en las que deben estar alojadas las personas privadas de su libertad en todo el territorio nacional para impedir que estos hechos sigan ocurriendo".