Denunciado por su posible participación en delitos de lesa humanidad, el profesor Mario Carlos Casalla fue suspendido de sus cargos en la Facultad de Psicología de la UBA. El próximo lunes la facultad analizará un pedido de juicio académico que debe ser elevado al Consejo Superior de la universidad. La denuncia contra Casalla fue presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, quien solicitó a la Justicia indagar a Casalla como presunto “autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra”, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces. “Durante los años ’74 a ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión”, escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978. Consultado por Páginað12, Casalla negó haber participado en la desaparición de Arra.

Licenciado en Filosofía, Mario Casalla se desempeñó como secretario académico de la UNSA entre 1975 y 1976, año en el que las autoridades militares lo cesantearon por considerarlo “marxista”. De acuerdo con un expediente elaborado por la SIDE y ahora presentado por Avila ante la Justicia, Casalla envió en 1978 una carta a autoridades militares salteñas para que se reconsiderara su situación: “Me hiere moralmente esa calificación injusta de ‘presunto subversivo o disociador’ que agravia mi realidad y mis valores más firmes”, consignó Casalla en su descargo. Sobre su actuación en los años previos al golpe de Estado, aseguró: “Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria”, siguió.

Las declaraciones de Casalla resurgieron en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de Salta. A este debate se incorporó el informe sobre Casalla producido por la SIDE en mayo del ’80. Este documento es una respuesta al pedido de revisión de la cesantía que, según la querella, elevó Casalla. En él se reproduce la carta en la que el docente habría relatado que durante su gestión en la UNSA “depuraba ideológicamente a la universidad, daba de baja a docentes directamente ligados a la subversión, trabajando estrechamente con los organismos de seguridad de la provincia”. En palabras del querellante Martín Avila: “Casalla ‘marcaba’ y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Angel Arra”.

Hasta la semana pasada, Casalla se desempeñaba en la Facultad de Psicología como profesor regular a cargo de la cátedra Problemas Filosóficos y como adjunto en Historia de la Psicología. Al conocerse la denuncia, el consejo directivo de la facultad decidió suspender provisoriamente a Casalla de sus cargos. Fue una propuesta de la minoría de graduados, agrupación Psicólogos en Frente, cuya consejera es Ileana Celotto: “Esta es una política incesante de la AGD-UBA en derechos humanos, al punto que es querellante en todas las causas de desaparición de docentes de la universidad”, destacó Celotto, dirigente del gremio.

La resolución que suspendió a Casalla fue aprobada por unanimidad el lunes pasado y, la semana que viene, la Comisión de Interpretación y Reglamento debatirá una nueva iniciativa que busca elevar al Consejo Superior de la UBA el pedido de juicio académico al profesor. Por su lado, AGD-UBA ya presentó un proyecto en el Consejo Superior con la misma solicitud.

“Yo no mandé ninguna carta a los servicios de inteligencia de Salta –sostuvo Casalla ante este diario–. Esa carta no está firmada ni por mí ni por nadie. A mí me echaron de la universidad (en 1976). En cuanto a la causa Arra, a quien no conocí, no era del Departamento de Humanidades (del que Casalla había sido director), sino de Ciencias Naturales, y por la propia estructura de la UNSA no se puede nombrar o cesantear personas de otros departamentos. Además, la desaparición de Arra fue en junio de 1975 y yo aún no era secretario académico, lo fui a partir de octubre.”

–¿Por qué su nombre aparece involucrado en esta causa?

–Hay dos respuestas. En Salta hay una pelea local muy grande entre el gobierno provincial y la gente que ha quedado afuera. Allí no van por mí, pero en lo nacional hay dos personas que trabajan activamente en esto, es una puja por el espacio cultural y universitario.

También en diálogo con Páginað12, el abogado Martín Avila, de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó: “Cuando la dictadura te quería echar, eras marxista. Pasabas de ser marcador a ser marcado. Es lógico que Casalla desmienta haber escrito la carta, pero todos los decretos existen, las resoluciones universitarias donde se fueron cesanteando a los docentes que luego desaparecieron están, y no sé qué podrá decir ante esto. Hay que destacar que la UNSA es querellante en las causas de profesores desaparecidos. Sería muy importante, de igual manera, que la UBA tome la misma postura”.

Informe: Agustín Saavedra.