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Todas las carreras de Arquitectura del país deberán incluir práctica laboral en sus planes de estudios. Y, para graduarse, los estudiantes tendrán que aprobar un trabajo final, integrador. Las nuevas exigencias son parte de los contenidos curriculares básicos, criterios de formación práctica y carga horaria mínima aprobados por el Consejo de Universidades y el Ministerio de Educación: las facultades públicas y privadas tendrán un año para adaptarse, condición necesaria para el reconocimiento oficial y consecuente validez nacional de los títulos, de acuerdo con la controvertida Ley de Educación Superior (LES).
Desde 2003, Arquitectura está incluida entre las carreras “de interés público”, cuyo ejercicio profesional puede poner en riesgo la salud, la seguridad y los bienes de las personas. Por eso, según la LES, el ministerio, en acuerdo con las casas de estudios públicas y privadas (reunidas en el Consejo de Universidades), debe fijar los requisitos básicos a seguir por las carreras y, también, debe evaluar su cumplimiento (proceso que comenzaría en 2007). Cosa que acaba de ocurrir.
“Este es el resultado de un largo trabajo que iniciamos en el 2000, que busca avanzar en la unificación de los contenidos mínimos, pero manteniendo las particularidades de cada región”, contó a Página/12 Néstor Bono, decano de Arquitectura en la Universidad de La Plata y presidente del consejo nacional que agrupa a sus pares de universidades públicas (Codfaun). Al trabajo se sumaron, en los últimos dos años, las facultades privadas. “Más importante es que se logró un documento totalmente consensuado entre las universidades públicas y las privadas, algo que no es común”, destacó Mónica Fernández, decana de Arquitectura en la Universidad de Belgrano.
¿Cuál es el perfil del graduado al que apuntan los requisitos recién aprobados? “Un arquitecto generalista, capaz de interactuar en la proyección y la construcción del hábitat, con una formación que hace énfasis en la problemática medioambiental y en la ética profesional”, dijo Bono. Dos son las principales novedades incorporadas: “En el último año de la carrera los alumnos tendrán un trabajo final, una síntesis integradora del proceso de aprendizaje. Cada facultad lo va a poder aplicar según sus características regionales –explicó–. También se incluye en el plan de estudios la práctica laboral, para que el alumno acredite un pasaje concreto por el ejercicio profesional, puede ser una pasantía en un estudio o una experiencia en una institución estatal, algo que ya se viene haciendo en muchas facultades”. Además, entre los puntos aprobados se destacan:

- La formación debe comprender “no sólo el tradicional rol de proyecto y dirección de obra”, sino también otras áreas profesionales, como “el planeamiento estratégico ambiental y urbano”; “la participación en múltiples formas de gestión política, económica y técnica referida al hábitat humano”; intervención en la ciudad desde equipos interdisciplinarios; “la participación en las formas atípicas de gestión del hábitat social, organizaciones comunitarias intermedias, estatales y de base”; “la intervención y administración del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural”.

- La carga horaria mínima estipulada para las carreras es de 3500 horas, correspondientes a los contenidos básicos. Las facultades podrán agregar otros contenidos, obligatorios o no. Las materias que integran el área de Comunicación y forma insumen 350 horas; las de Proyecto y planeamiento 1575 horas; las de Ciencias básicas, tecnología, producción y gestión 1225; y las de Historia y teoría de la arquitectura y el urbanismo 350. Integrada a la formación teórica, la formación práctica debe comprender una carga horaria de al menos 700 horas.
En la discusión para definir los estándares apareció un punto de conflicto, planteado por las asociaciones profesionales. Solicitaron que se reconozca que los arquitectos están habilitados para dirigir servicios de seguridad e higiene en la construcción. “Como director de obras de construcción, el arquitecto es responsable por los accidentes u otros problemas que puedan ocurrir –explicó Fernández–, pero la seguridad en la construcción no figuraba entre las incumbencias del título.” Finalmente, se aprobó recomendar la inclusión de esta incumbencia, aunque reconociendo que otras carreras pueden tener el mismo o similar alcance.