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El gobierno nacional intentaba anoche, al cierre de esta edición, destrabar el conflicto en Aerolíneas, con una reunión en la Casa Rosada en la que se buscaba acercar posiciones entre los gerentes del grupo español Marsans, que controla la empresa aérea, y los pilotos y técnicos que mantienen un paro desde hace ocho días por un aumento salarial. En la negociación, convocada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participaban los dirigentes sindicales de APLA (pilotos), APTA (técnicos) y el empresario Gerardo Díaz, quien postergó su regreso a España con el objetivo de llegar a un acuerdo que le permita a la compañía volver a la actividad. Aunque las conversaciones se desarrollaron con hermetismo, en la empresa veían como cercana una solución.
La medida de fuerza mantiene los aviones de Aerolíneas en tierra desde hace una semana y afecta seriamente los servicios de Austral. Recién ayer la firma implementó vuelos de emergencia, que estuvieron tripulados por personal de Austral y tres o cuatro pilotos de Aerolíneas que no se plegaron a la huelga. La empresa aseguró que había completado 47 vuelos entre nacionales e internacionales, pero los huelguistas lo desmintieron.
Aun en plena negociación –justamente por eso–, cada sector jugó sus cartas de presión más fuertes: el Gobierno anunció que había concretado las multas por 10 millones de pesos a los dos gremios y puso a disposición de Aerolíneas un avión militar; un fiscal federal denunció penalmente a los trabajadores en paro (es decir, abrió el proceso para declarar ilegal el paro); los sindicatos, por su parte, redactaron una denuncia contra el Gobierno ante la OIT por “violación del derecho de huelga”. Pero donde se jugó la pelea clave fue en los aeropuertos, con la salida o cancelación de cada vuelo.
En el bar ubicado al fondo del Aeroparque, desde cuyos ventanales se ve la pista, los técnicos en conflicto siguieron los despegues del programa de emergencia. A las cinco y media de la tarde había allí un centenar de trabajadores en paro, sentados en las mesas. Un avión de AA tomó posición sobre el asfalto, carreteó hasta el final de la cinta y se elevó. Los técnicos lo observaron alejarse sin comentarios. Luis Glitz, delegado, dio más tarde su opinión: “Son pocos vuelos, están saliendo con un grupo muy chico de pilotos y técnicos, sobrecargados de trabajo y de estrés. No van a poder hacer mucho”, aventuró.
A las seis apareció en la pista el avión presidencial. Inmediatamente todo el mundo corrió hasta la verja que rodea a la pista, llevando las banderas del sindicato. Trepados contra las rejas, las agitaron mientras la comitiva de Néstor Kirchner salía rumbo a Río Gallegos.
Los que agitaban las banderas eran en su mayoría hombres grandes, de más de 40 años. Pocas horas antes, una delegación de ese grupo había conseguido colarse en uno de los hangares de Austral con un objetivo: hablar con una treintena de técnicos jóvenes, de la camada de nuevos contratados, que había abandonado la huelga y vuelto a trabajar. Los convencieron de retomar el paro. “Son pibes chicos, el fin de semana la empresa les lavó la cabeza y se dejaron presionar. No tienen experiencia, ni siquiera eligieron delegado. Ahora van a venir a acompañarnos: míreles la cara cuando lleguen”, dijo uno de los técnicos.
Efectivamente, eran muy jóvenes; la mayoría de 18 o 20 años. Al entrar al hall del aeroparque sus compañeros los recibieron con una batucada. Algunos medios informaron, de manera errónea, que un nuevo sector de Austral se había sumado al plan de lucha. En realidad, eran recuperados para la huelga, en un día en que el conflicto se peleó así, persona a persona. Y tenían, sin duda, un peso estratégico: sin ellos, a la compañía le resultaría muy difícil mantener su plan de vuelos de emergencia.
Según los voceros de la empresa, se programaron 28 vuelos de Austral y 18 de Aerolíneas. En el aeroparque hubo un clima un poco más distendido, perono de normalidad, ya que la mayoría de los vuelos quedó igualmente suspendido. El avión militar cedido por el Gobierno –un Jumbo 707 con tripulación (piloto y comandante) de la Fuerza Aérea y personal de la empresa– cubrió la ruta entre Buenos Aires y Río Gallegos.
Por la mañana, Kirchner habló con el ministro de Trabajo sobre cómo dar una solución al conflicto. A las siete de la tarde se llamó a la ronda de tratativas en la Casa Rosada, que cerca de medianoche no había finalizado. Voceros sindicales calificaban como positivo tener como interlocutor por el Grupo Marsans a Gerardo Díaz, uno de los tres socios españoles en Aerolíneas, una figura con suficiente peso para tomar decisiones, pero menos desgastado en su relación con los gremios que Antonio Mata, presidente de la compañía y hasta ayer quien encabezó el proceso que terminó con el envío de los 337 telegramas de despido.
En cuanto a la denuncia penal, fue presentada por el fiscal federal Carlos Cearras, quien pidió al juez Norberto Oyarbide que se investigue si el reclamo gremial puso “en peligro a los pasajeros” y si la protesta derivó en algún delito relacionado con la seguridad aérea. El antecedente cercano en la judicialización de un conflicto gremial fue la huelga en el Hospital Garrahan, por la que también se presentaron denuncias que, pasado el momento duro del conflicto, siguieron su curso: ayer fueron citados a declarar varios delegados del hospital, por el delito de coacción.