Como funcionario del segundo gobierno de Ibarra tuve la oportunidad de participar en el equipo de trabajo que diseñó el plan de infraestructura puesto en marcha a mediados del 2004 (y que sigue en curso, bajo el actual gobierno de transición). El problema de la movilidad que se vislumbraba como consecuencia de la recuperación económica, por impacto positivo de la misma sobre el transporte en el área metropolitana, hizo de este tema uno de los ejes de dicho plan. Desde la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, que dirigía Roberto Feletti, se impulsó el proyecto de ley llamado genéricamente de “anillo vial”. El mismo tenía por objeto dotar a la ciudad de una vía rápida de circunvalación que evitara la circulación de tránsito pesado “pasante”, cuyo destino no fuese la propia ciudad. De este modo se intervenía, evitando el deterioro en la infraestructura vial e impacto en la calidad de vida y estructura de las viviendas cercanas al paso de camiones de alto porte, que padecen actualmente, en su mayor medida, los vecinos de la zona sur de esta ciudad. Desde el 2005, con el respaldo de un decreto de Ibarra, se avanzó en aquellas obras del “anillo vial” que no necesitaban acuerdo legislativo para construirse. Así se ampliaron y repavimentaron varios kilómetros de las autopistas urbanas y la Avenida 9 de Julio, se construyó la Avenida 27 de Febrero (por el borde del Riachuelo en los barrios de Soldati y Pompeya), se realizó el intercambiador vial de la Avenida 9 de Julio y San Juan y comenzaron las obras en el entorno del Aeroparque con el objetivo de derivar los camiones de la Costanera hacia el tramo (que también comenzó a construirse) de la autopista de salida hacia Vicente López: Illia-Cantilo. El tratamiento legislativo necesario para completar las obras que permitirían salir del actual escenario de caos vehicular que ya se preveía en el 2004 nunca llegó. Las constantes dilaciones de los diputados del macrismo, con reiterados pedidos de informes, reuniones extensas y otros instrumentos de retraso en el tratamiento, hicieron que el proyecto perdiera estado legislativo a comienzos del 2006. Un proyecto tan importante, que significaba una verdadera política de Estado, fue dejado de lado por la primera minoría macrista. Hablando de agresiones y hegemonías, términos tan caros a la retórica macrista: aquí teníamos, entonces, un buen proyecto para debatir, cuya falta de tratamiento es una verdadera “agresión” a la ciudadanía. Pero parece que para la “nueva política”, un buen proyecto, si es de la oposición, directamente no debe tratarse. Si en el Congreso nacional, por estar en minoría, el ingeniero Macri no asiste a las sesiones y en la Legislatura de la Ciudad –donde ha sido mayoría por varios años–, sus legisladores sólo tratan los proyectos de su interés, no me queda claro qué significa la renovación de la política para este partido.

Lic. Alejandro Robba - Ex vicepresidente de Autopistas Urbanas SA