La Auditoría General de la Nación acaba de propinar un golpe al ministerio de Julio De Vido, esta vez subrayando la falta de control oficial sobre las regalías que tributan las petroleras, pago que hasta el año pasado era supervisado prioritariamente por la Secretaría de Energía. Según concluyeron los auditores bajo el comando del radical Leandro Despouy, la laxitud de esa fiscalización habría hecho que las empresas liquidaran un 7 por ciento menos de lo que les corresponde. El dato promete alimentar las discusiones que hoy existen acerca de cuál es el verdadero precio del petróleo y el gas que debe tomarse como base para calcular aquel impuesto, lo que impulsó a Neuquén a acudir a la Justicia reclamando un ajuste.

El trabajo de AGN toma como base el período que va desde mayo de 2004 a diciembre de 2005, y sobre él funda sus conclusiones, que ya fueron respondidas por Energía, sin que sus argumentos lograran revertir el severo juicio de los auditores. En un texto de 117 páginas éstos desglosaron las debilidades del sistema de liquidación de regalías desde su propio insumo: las declaraciones juradas que presentan las empresas y cuya veracidad Energía nunca tuvo manera de constatar, porque carece de otras fuentes. “No solicita ningún tipo de documentación respaldatoria” y “no hace inspecciones in situ” para chequear que la base usada para calcular el impuesto sea correcta, recalca el informe.

Las regalías equivalen al 12 por ciento del valor del petróleo o del gas en boca de pozo, menos algunos descuentos que están específicamente admitidos por resolución. En el caso del petróleo, el precio es el de exportación menos un descuento por calidad, las retenciones, el valor del transporte a refinería y otros conceptos. En el gas, se toma como base un promedio ponderado de los distintos precios al mercado interno (alrededor de 1,30 dólar el millón de BTU), menos el costo de compresión y traslado.

En este esquema, el volumen de producción declarado en cada caso es tan relevante como la prolijidad del procedimiento que se utilice para valuarla, ya que eso conforma la base para calcular luego las regalías. Hasta hace pocos meses, la fiscalización de este procedimiento era competencia prioritaria de la Nación, a través de Energía. Ahora es una potestad primaria de las provincias, aunque la dependencia nacional no está desligada de la supervisión.

La Auditoría también llamó la atención sobre otras inconsistencias del régimen. Con una escuálida estructura de tres personas que ingresan manualmente los datos de las declaraciones juradas empresarias, el Area de Regalías que depende directamente del subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recopila la información básica sobre el tributo.

Pero en el período auditado, la producción que resulta de sumar esas presentaciones juradas fue en promedio un 7 por ciento inferior a la que surge de otros registros oficiales de la propia página web de la secretaría (la brecha llega al 20 por ciento en algunos casos), incoherencia evidente que Planificación habría soslayado. De aquí se infiere que, en distintos montos y proporciones, las productoras pagaron finalmente menos de lo que les correspondía.

Otras debilidades surgieron al mirar el listado de quienes tienen que pagar. No existe un registro adecuado de “los sujetos obligados” ni un programa informático que permita analizar comparativamente sus presentaciones. A cambio de facilitarle el acceso a información pública sobre el tema, Energía suscribió un acuerdo con la consultora de Daniel Montamat para la provisión de un software que normalice esta situación. Pero el convenio caducó sin que el sistema pudiera ser utilizado, debido a las limitaciones del equipamiento oficial.

Energía habría consentido aquellos y otros defectos, “sin encarar las acciones correctivas” del caso, tal como la obliga la ley. Sin sancionar, aun en el caso de estar en claras condiciones de hacerlo. Las petroleras ni siquiera hacen las presentaciones con todos los datos exigidos, incluidos los comprobantes de pago del impuesto. En este marco difuso y de controles relajados se concretaron pagos anuales de miles de millones de pesos que nutren básicamente a Neuquén (28 por ciento del total), Chubut, Santa Cruz y Mendoza.