Una disposición, que cualquier candidato a un cargo electivo en Boca no debería perder de vista, se refiere a los discriminatorios avales que Mauricio Macri instituyó en el club gracias a un par de fallos judiciales. Hoy rigen por el 10 por ciento del patrimonio neto de la institución, mientras algunos dirigentes pretenden bajarlos al 5 por ciento y otros, desde adentro como afuera de la conducción, aspiran a suprimirlos directamente. Para ello debería modificarse el estatuto.

Juan Carlos Crespi, uno de los hombres que avaló con su patrimonio el cargo al que accedió como vocal, sostiene que, además del acaudalado ingeniero, fueron un puñado los que pudieron hacer lo mismo. Y recordó que el vicepresidente 2°, Gregorio Zidar –propietario de laboratorios Beta–, y el vocal Julio Roberto Pérez –directivo de Editorial Planeta– habían sido tan avalistas como él. Del resto, sugirió que habían sido respaldados por el ingeniero.

El último fallo sobre los avales fue votado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil integrada en su momento por los doctores Fernando Posse Saguier, Ricardo Burnichon y Elena Highton de Nolasco, hoy jueza de la Corte Suprema. Le habían dado la razón a una jueza de Primera Instancia, la doctora Betty Saigg de Piccione, pero redujeron la pretensión de Macri de elevarlos hasta el 20 por ciento del patrimonio del club. Esta determinación judicial es la que, a futuro y en un Boca sin el actual presidente, tanto temen quienes aspiran a presentarse por un cargo electivo.