Después de días de tensas discusiones con la industria y el comercio de la carne, en las que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, no escatimó recursos para persuadir a sus interlocutores, ayer se anunció un acuerdo para rebajar desde hoy el precio de trece cortes a los valores promedio de enero. El pacto celebrado con frigoríficos, supermercados y carnicerías fue comunicado desde la Casa de Gobierno por aquel funcionario junto al secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, con competencia natural en el tema. Pero el Gobierno no logró incluir a los productores ganaderos, que otra vez quedaron en la vereda de enfrente. Los funcionarios no dieron precisiones sobre los términos del convenio, que siguió discutiéndose después de la conferencia de prensa.

Según aseguró Moreno, los precios de la carne deberían retrotraerse a los vigentes a mediados de enero (con una rebaja cercana al 15 por ciento), de lo que resultarían los siguientes valores de referencia para la venta al público de carne ternera de 280 a 300 kilos. Asado 10,01 pesos, carnaza común 7,09, picada 7,13, roast beef 9,45, vacío 12,14 pesos, falda con hueso 4,55, nalga 14,20, bife ancho 12,56, entraña 12,03, paleta 10,60, matambre 12,40, cuadrada 11,94 y hueso con carne 2,62.

Por el lado de la industria, el acuerdo involucró al Consorcio ABC de exportadores, a la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) y a la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif). Así se lo informó oficialmente en un principio, aunque luego fuentes del Gobierno aseguraron que también participó Ciccra, cuyo titular, Miguel Schiariti, había denunciado amenazas de Moreno. Por el sector de la comercialización, firmaron la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Asociación de Propietarios de Carniceros de Capital Federal y la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos.

La vía para limitar los precios habría sido doble. Por un lado, se fijó un tope para el kilo de la media res, que según trascendidos se habría calculado en torno de los 7 pesos para el novillo. Por el otro, se comprometió a los comercios a trasladar a los mostradores la rebaja y expender a un precio determinado los trece cortes “de consumo popular”. Esto implica que habrá uno más que los doce cortes involucrados en el acuerdo celebrado en el 2006 para limitar el valor de aquellos segmentos que más se demandan en el mercado interno, pero que los mismos empresarios de la industria y comercio que ayer apoyaron el acuerdo consideraron impracticable.

Ese corsé en el precio de algunos fragmentos del animal –y que supone dejar libres los más caros, orientados a la exportación– fue desbordado por los aumentos constantes que sufrió el producto en el mercado y en frigoríficos. Hasta la firma en la Casa Rosada, los representantes de estos sectores consideraban utópico reeditar un acuerdo así con alguna chance de éxito, justamente, porque el final de la cadena no puede tolerar las subas que se producen en los eslabones previos.

El problema de origen, según coinciden los empresarios, es la escasez de ganado. Pero esta cuestión básica, competencia de los productores, no talló para este pacto de emergencia, con el que el Gobierno intentó frenar el incremento de un producto que representa alrededor del 6 por ciento en el Indice de Precios al Consumidor. Según expresó ayer Moreno, quedó pendiente una discusión con los ganaderos para ver cómo se podían enfrentar los problemas derivados de la escasez estacional que se avecina. Sin embargo, hasta ahora las conversaciones no fueron fáciles y llegar a un acuerdo con este sector parece complicado.

La solución esbozada ayer excluyó restringir las exportaciones como mecanismo para forzar un aumento de la oferta en el mercado interno y derrumbar así sus precios. Esta variante fue puesta sobre la mesa de negociación y ganó el repudio del sector, incluyendo a los trabajadores de la carne, que esta semana se movilizaron en protesta por un eventual cierre de las ventas al exterior.

Después de aquel elíptico anuncio, las discusiones siguieron. Alberto Fernández tuvo conversaciones con algunos representantes de los frigoríficos que estaban poco convencidos de asumir ese compromiso público de abaratar un producto que para ellos resulta cada vez más caro en origen. Entre ellos está Schiariti. Más proclives a buscar alguna fórmula de consenso son exportadores representados en ABC, que hasta habían hecho saber de su voluntad de admitir un nuevo recorte a las exportaciones para volcar el producto fronteras adentro.