La devastadora crisis de 2001-2002 exhibió el proceso de deterioro de las diferentes entidades de representación sectorial. Partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones intermedias quedaron expuestos a la pérdida de legitimidad social para presentar reclamos o liderar demandas de lo que se consideraba su base histórica de seguidores, adherentes o militantes. Ese quiebre en la relación de las organizaciones tradicionales y sus afiliados no fue repentino, sino que la debacle de comienzos del nuevo siglo terminó de exteriorizar un largo período de desgaste de esos vínculos e identificaciones. No ha sido un factor menor la profunda transformación socioeconómica local, en un contexto internacional en ebullición sobre nuevos paradigmas tecnológicos, para acelerar el vaciamiento de las entidades más emblemáticas de la historia reciente del país. Muchas de ellas conservan el valor del sello, símbolo que sus actuales autoridades intentan utilizar como elemento disparador para la reconstrucción de una identidad, para luego conseguir recuperar la representatividad hoy dispersa en la sociedad.

En esa situación se encuentran los partidos políticos tradicionales (PJ y UCR), entidades patronales de la industria (UIA, CAC, Bolsa de Comercio), las centrales obreras y sus sindicatos (CGT, CTA) y también las organizaciones del sector agropecuario reunidas en la Mesa de Enlace. Cada uno reúne sus particularidades en cuanto a la pérdida de representatividad, que dependiendo del curso de los acontecimientos podrá o no reconquistar su legitimidad social, proceso donde intervienen una serie de factores según el caso.

Con las cuatro entidades tradicionales del campo (SRA, CRA, FAA y Coninagro), esa cuestión adquiere relevancia por la magnitud del conflicto que se extiende ya por cuatro meses. Horacio Giberti, uno de los más respetados estudiosos del sector agropecuario, informa que en el Censo Agropecuario 2002 se preguntó a los productores si estaban afiliados a alguna entidad gremial. El resultado fue que sólo el 4 por ciento formaba parte de alguna de esas organizaciones y el 13 por ciento estaba agrupado en cooperativas. “Esta es la verdadera representatividad que tienen las entidades”, señala. Es evidente que ésa es la formal y que hoy debajo de sus polleras se ha reunido un abanico de expresiones políticas conservadoras, pero su representatividad directa sobre el sector agropecuario sigue siendo reducida, como dan testimonio las diferentes manifestaciones de los denominados “autoconvocados”. Grupos de productores que van guiando a la Mesa de Enlace con su referente Alfredo De Angeli.

Como parte de ese proceso general de dispersión de lealtades y de representatividad, en estos meses de fuerte disputa política por los derechos de exportación a cuatro cultivos clave, la vieja caracterización sobre esas organizaciones ha derivado en análisis que han provocado lecturas políticas alejadas de la realidad y, por lo tanto, comportamientos legislativos y medidas sectoriales carentes de sutilezas.

Las cooperativas sufrieron un agudo descalabro durante la convertibilidad y muchas de ellas se salvaron transformándose en empresas comerciales bajo el paraguas del cooperativismo. Una de las entidades más importante de ese sector, FACA, que nucleaba a productores pequeños y medianos cercanos a la Federación Agraria, quebró en los noventa. De las restantes cooperativas integradas en Coninagro quedaron ACA y SanCor como las más importantes. Así, Coninagro agrupa a menos cooperativas, con menor espíritu cooperativista y con menos relevancia de pequeños productores.

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentina (CRA) concentra un grupo de entidades regionales, representando a propietarios con extensiones de tierras de un promedio de 1000 hectáreas, que para la región pampeana significa un patrimonio de 8 a 10 millones de dólares. Son productores que manejan en forma directa la explotación, que han crecido mucho en estos años de extraordinaria bonanza y que se han diversificado. Antes eran fundamentalmente ganaderos y hoy han incorporado la técnica siembra directa-semillas transgénicas como corazón de su emprendimiento. Esta es una de las razones de su participación tan activa en este conflicto por el precio de los granos, cuando antes su preocupación central era la cotización de la hacienda. En tanto, la Sociedad Rural sigue representando a grandes propietarios pero con otra estructura de negocio: también han incorporado la agricultura, cuando antes eran casi exclusivamente ganaderos. Empezaron a dedicarse más a la producción agraria debido a la elevada rentabilidad que ofrecen los cultivos en la actualidad. En el pasado la agricultura la hacían por vía de arrendatarios que ahora han desaparecido.

El caso de la Federación Agraria Argentina es el más controvertido por la confusión que existe sobre a quiénes responde y cuál es el nivel de relevancia de la entidad. Se le asigna la representatividad del pequeño productor, postergado y arrendatario. En las primeras semanas del conflicto, uno de los errores señalados al Gobierno fue que no supo discriminar la Resolución 125 a favor de esos productores, igualándolos a los medianos y grandes. Frente a ese cuestionamiento, lo hizo sin el conocimiento sobre la nueva estructura social y económica del campo. Más adelante, con el tiempo suficiente para estudiar un poco mejor esa reluciente configuración del sector, legisladores del denominado centroizquierda como Claudio Lozano y Eduardo Macaluse, que lidera el grupo de los ex ARI, reafirmaron una estrategia sobre la base de un sujeto agrario que ha desaparecido, que los llevó a la inconsistencia de votar en contra de las retenciones móviles. El clásico chacarero arrendatario, la imagen tradicional del socio de la Federación Agraria, es minoritario en el universo agropecuario. Muchos de los arrendatarios que pudieron subsistir a la política agropecuaria de los noventa de Carlos Menem con su secretario del área Felipe Solá se transformaron en propietarios. Al transformarse en propietarios, muchos de ellos dejaron de pertenecer a la FAA, o a las líneas programáticas históricas de la entidad más allá de seguir siendo afiliado.

Esos cambios estructurales en el campo se reflejan en la firme unión de la Mesa de Enlace, que a esta altura ya no debería sorprender si el ánimo es comprender cómo funciona y está organizado el sector. De esa forma, el Gobierno podría instrumentar medidas y diputados y senadores apoyarlas o rechazarlas con más solvencia. Si se desconoce que no existen diferencias de intereses materiales entre las entidades del campo se corre el riesgo de equivocar el blanco de la flecha de la ballesta.

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