Si hay algo que ansía el Gobierno por estos días es cerrar la etapa de protestas de los empresarios del campo que, a los efectos de la percepción de la sociedad, casi monopolizó –y desgastó– la gestión durante los últimos cuatro meses. Prácticamente todo lo que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese tiempo quedó eclipsado mediáticamente por el conflicto con las cámaras agropecuarias y en la Casa Rosada sostienen que deben retomar la iniciativa política cuanto antes para remontar la cuesta y restaurar todo lo que se pueda del capital político erosionado.

El principal mojón que el Gobierno tiene por delante es poder lanzar de una vez por todas el Acuerdo del Bicentenario. La idea originaria era hacerlo el 25 de mayo pasado, pero la confrontación con los ruralistas abortó la idea.

Ese acuerdo implica convenir con los principales actores económicos y sociales pautas de crecimiento, producción, precios y salarios al mayor plazo posible, pero de mínima para los próximos dos años.

Con los principales sectores empresariales ya estaba todo muy avanzado. Habían acordado suscribir el acuerdo la UIA, la Asociación de Bancos, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa y la Cámara Argentina de la Construcción, miembros todos del llamado Grupo de los 7, que integran además la Sociedad Rural y la CRA, dos de las entidades agropecuarias en conflicto. Como a esas cinco cámaras les dio cierto pudor firmar el acuerdo sin que estuvieran quienes representan a los grandes productores agropecuarios, todo quedó para un futuro incierto.

Ese futuro se acerca a medida que decrece el conflicto con los ruralistas. Si, como se prevé, el miércoles el Senado transforma en ley las retenciones móviles, el Gobierno tendrá un poderoso aval institucional y los empresarios del campo deberán acatar el resultado de las reglas del juego democrático, a riesgo de quedar en mala posición si no lo hacen. Y el hecho de que sigan sus reclamos por la vía judicial pero sin afectar la vida económica con sus cortes de ruta y desabastecimiento –según esperan en el Gobierno– abrirá las puertas a que de una vez por todas se sienten a la mesa para hablar de políticas agropecuarias de largo plazo y finalmente firmar ellos también el Acuerdo del Bicentenario.

Sin embargo, en las últimas horas a los más empinados funcionarios de la Casa Rosada les están oliendo mal algunas declaraciones de los dirigentes agropecuarios. En función de sus palabras, en el Gobierno suponen que podrían volver a intentar “embarrar la cancha”.

La Presidenta sigue con atención todas esas movidas. Quienes están cerca suyo aseguran que, ya con la ley en la mano, espera poder empezar el próximo jueves una nueva etapa de su gestión o, como se esperanza, su “verdadera presidencia”.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dicen que CFK ya le encargó que una vez promulgada la ley de retenciones móviles comience a trabajar nuevamente con algunas de las cámaras empresariales para reflotar el Acuerdo del Bicentenario, incluidos los ruralistas. Si el asunto progresa en la medida que espera el Gobierno, en dos meses podrían estar en condiciones de concretarlo.

Aunque en la Casa Rosada no lo admitan del todo, hay varias cuestiones que tienen en carpeta y que las están guardando para incluirlas en ese pacto. Una de ellas podría ser la definición sobre la movilidad de las jubilaciones. Hace meses que la Corte Suprema de Justicia le reclamó al Gobierno que active un mecanismo que dé automaticidad a la mejora de haberes de jubilados y pensionados. En los despachos oficiales están manejando esquemas alternativos que incluyen distintas variables para el ajuste de esos haberes. Según pudo saber PáginaI12, casi todas incluyen el índice de inflación, pero integrando una fórmula con otros indicadores de modo que siempre supere el índice de precios del Indec.

Quizás para el Acuerdo del Bicentenario se les ofrezca también a los representantes de los trabajadores una solución definitiva al impuesto a las Ganancias, ya que cada vez que aumentan los salarios muchísima gente pasa a cobrar por encima del mínimo imponible y comienza a tributar. La solución de coyuntura durante el gobierno de Néstor Kirchner siempre fue correr hacia arriba el piso de la tablita que impuso José Luis Machinea cuando se desempeñó como ministro de Economía de Fernando de la Rúa. Ese es, además, un reclamo recurrente de la CGT –volvió a hacerlo en los últimos días Hugo Moyano– cada vez que se mejoran los salarios. “Es un tema que hay que replantearlo a fondo”, le dijo un ministro a este diario.

Estas y otras medidas esperan por ahora, pero también en el Gobierno saben que tampoco pueden aguardar indefinidamente a que las cámaras agropecuarias cesen en su hostilidad para llevarlas a la práctica. Por ahora en la Casa Rosada siguen creyendo que volverá a reinar el buen tiempo, pero dicen que no le pierden pisadas a algunas nubes negras para que no los sorprenda un nuevo chubasco agropecuario.