Desde Lima

Los conflictos laborales y la tensión social continúan en Perú luego del paro nacional del último miércoles. Ayer, la policía atacó a balazos a los obreros de una empresa minera en huelga desde el 30 de junio, matando a un huelguista e hiriendo a otros cinco. Al menos uno de los heridos se encuentra en estado grave. El enfrentamiento entre la policía y los huelguistas se produjo en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, 570 kilómetros al norte del Perú, donde funciona la Minera Aurífera Retama S.A. (Marsa), de capitales peruanos. Inocencio Chiguala, uno de los mineros en huelga, relató que el enfrentamiento entre huelguistas y policías se inició a las 9.30 de la mañana “cuando tres combis con 200 policías llegaron hasta las afueras de la empresa minera donde estábamos los trabajadores y se juntaron con los policías que custodiaban la empresa para atacarnos”. Luis Castillo, presidente de la Federación Minera, denunció que el enfrentamiento se produjo debido a la provocación de los policías, que dispararon contra los huelguistas. En la refriega murió Miguel Yupanqui, de 23 años, de un balazo en el tórax. Otros cinco obreros quedaron heridos con balazos en distintas partes del cuerpo. La violenta represión policial contra los mineros en huelga se produjo tres días después de un paro nacional que se sintió con fuerza en el interior del país y luego del cual el gobierno ha acusado a los gremios de “conspirar contra la democracia” y ha lanzado duros ataques y amenazas contra los organizadores del paro.

Marsa es una de las principales productoras de oro del país y sus trabajadores se encuentran en huelga hace dos semanas exigiendo que se les pague las utilidades que les corresponden por las ganancias que la empresa tuvo el año 2007. Los empleados de la minera se encuentran distribuidos en nueve empresas contratistas que dan servicios a Marsa, las que se niegan a entregarles a los trabajadores el porcentaje de las utilidades que les toca. Es una práctica común entre las empresas mineras que operan en el Perú no contratar directamente a sus trabajadores, sino hacerlo a través de terceras empresas para así eludir el pago de derechos sociales, como el reparto del ocho por ciento de utilidades que la ley señala debe distribuirse entre los trabajadores de las empresas mineras. Se estima que de los aproximadamente 100 mil trabajadores mineros que hay en el país, un 80 por ciento trabaja en negro. Según el portal de la empresa Marsa, ésta tiene 2000 trabajadores. Sin embargo, la Federación Minera asegura que en realidad los trabajadores de Marsa son 3900, entre los estables y aquellos contratados temporalmente.

Lo sucedido en la empresa Marsa se da en el contexto de una conflictiva situación en el sector minero, que en los últimos años ha producido sucesivos enfrentamientos entre las empresas mineras y sus trabajadores, que reclaman una mayor participación en las inmensas utilidades de las mineras a raíz del alza en el precio internacional de los minerales, y también numerosos choques entre las mineras y los campesinos y pobladores de las zonas donde éstas operan, que acusan a las empresas de expulsarlos de sus tierras y contaminar las aguas. Las empresas mineras también son acusadas por maltratar a las poblaciones de las zonas donde operan y están cuestionadas por gozar de privilegios tributarios otorgados por el gobierno.

En los últimos años las utilidades de las mineras aumentaron en más del 500 por ciento. En 2007 sus utilidades bordearon los 4500 millones de dólares, de los cuales las empresas se llevan el 70 por ciento y dejan en el país solamente el 30 por ciento. Durante la campaña electoral de 2006, el entonces candidato Alan García ofreció establecer un impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras para que el país, especialmente las empobrecidas regiones donde se encuentran los yacimientos mineros, obtengan mayores beneficios del boom de los precios de los minerales. Sin embargo, una vez que llegó al poder negoció con las mineras un “aporte voluntario” y dejó de lado su oferta electoral. El aporte voluntario de las mineras llega a unos 150 millones de dólares al año, lo que representa apenas el tres por ciento de sus utilidades. Según el economista Humberto Campodónico, catedrático de la Universidad de San Marcos, un impuesto a las sobreganancias mineras “en los términos de otros países, como Ecuador, le dejaría al país un ingreso de al menos 830 millones de dólares anuales, en lugar de los 150 millones que ahora aportan las mineras”. En este contexto, la muerte del minero de Marsa recalienta más la situación de un sector que se ha convertido en uno de los mayores centros de tensión social.