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Los resultados de la cumbre del G-20 refuerzan el pronóstico de que la Argentina terminará 2009 sin recesión. Esa es una de las primeras conclusiones que transmiten desde el Gobierno al hacer el balance del histórico encuentro de presidentes en Londres. El colchón de liquidez que se genera con el aporte del FMI de unos 2500 millones de dólares, más los préstamos que seguramente llegarán del BID y el Banco Mundial a partir de su capitalización, quitará tensiones financieras y cambiarias. Esos recursos también servirán para que el Estado pueda sostener una política fiscal expansiva. Los 250.000 millones de dólares que habrá a disposición en el mundo para prefinanciar exportaciones levantarán el deprimido comercio exterior. De acuerdo con el diagnóstico oficial, el segundo trimestre ya será mejor que el primero. Los economistas de la city discrepan abiertamente. Aseguran que la recesión es inevitable, en un mundo que no dejará de caer. Se reedita entonces una polémica que acumula varios capítulos, en la cual el Gobierno aparece como claro ganador, aunque el contexto actual no encuentra precedentes en seis décadas.

La Argentina perdió el famoso viento de cola que colaboró en su crecimiento los últimos seis años. Ahora el mundo es el problema. Sin embargo, dicen cerca de Cristina Kirchner, junto con ese cambio se produjo otro de una jerarquía similar. Las políticas de intervención estatal en la economía ya no son censuradas por los países centrales, sino que las promueven. La afirmación de Gordon Brown de que el Consenso de Washington terminó es la mejor prueba. La reunión del G-20 dejó instalado ese título; o como lo dijo Barack Obama, estamos ante un giro histórico. El Gobierno computa el cambio de discurso internacional como pura ganancia, que en lo inmediato le facilitará el acceso a financiamiento del BID y el Banco Mundial y le dará un respaldo significativo en el debate interno con quienes se oponen al activismo estatal. La desaparición de las AFJP, por ejemplo, se resignifica en el nuevo escenario, aseguran.

“Hoy tenemos una agenda más ambiciosa para el Estado. Todas las medidas que se aprobaron en Londres son para que las haga el sector público. Eso nos permite llevar a cabo ciertas políticas en un contexto de mayor aceptación”, remarcan. Además, las naves insignia del neoliberalismo quedaron tocadas: se declaró el combate a los paraísos fiscales, los fondos de inversión serán regulados, se cuestionó el desempeño de las calificadoras de riesgo y hasta se aprobó que haya un control sobre los sueldos y las bonificaciones que cobran los banqueros.

En la coyuntura, lo más concreto para Argentina es el ingreso de casi 2500 millones de dólares a las reservas del Banco Central por la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. Los DEG son la moneda del Fondo, cuya cotización surge de la combinación de los precios del dólar, el euro, el yen y la libra. La emisión de DEG es como la que haría cualquier banco central con la moneda de su país. Los nuevos títulos –no lo son en sentido estricto– se reparten de manera automática entre todos los socios del FMI, cada uno en función de su cuota en la entidad. La participación argentina en el “consorcio” del FMI roza el uno por ciento, por lo cual como la emisión de DEG que aprobó el G-20 es por 250.000 millones de dólares, al país le tocan algo menos de 2500 millones. El Banco Central contabilizará el nuevo activo en las reservas internacionales en un momento clave, por las presiones cambiarias que en las últimas semanas hicieron subir el valor del dólar. Ahora la autoridad monetaria verá aumentado todavía más su poder de fuego.

En los próximos meses, se supone que pronto, la ayuda para mantener vivo el crecimiento económico provendrá de dos fuentes. La primera es la asistencia financiera del BID y el Banco Mundial, a la que el Ejecutivo aspira. “Queremos préstamos para obra pública”, dijeron altos funcionarios en Londres no bien terminada la reunión del G-20. Allí se resolvió una inyección de capital para esos organismos y el resto de los multilaterales que hay en el mundo –en Asia, en Africa, en Europa del Este– de 100.000 millones de dólares. En segundo lugar, el G-20 anunció que se pondrá a disposición de los países otros 250.000 millones de dólares para la prefinanciación de exportaciones. Uno de los agentes de distribución de esos recursos será la Corporación Financiera Internacional, el brazo del Banco Mundial para el sector privado.

En el Gobierno dicen que el factor que más tira para abajo la economía es el derrumbe de las exportaciones. Se ve por ejemplo en la industria automotriz, con bajas en las ventas al exterior de más del 50 por ciento, mientras que las colocaciones en la plaza local retroceden el 15. El impacto en la producción se produce esencialmente por el declive de la demanda externa. La estrategia oficial para enfrentar la crisis fue lanzar planes de estímulo para el consumo y el financiamiento a las empresas, con resultados dispares. Pero frente a la caída de las exportaciones no tiene mucho por hacer. Por esa razón, la promesa del G-20 de que habrá ayuda crediticia para recuperar el comercio podría atemperar los efectos negativos en ese campo.

A su vez, las regulaciones sobre los mercados y el embate contra los paraísos fiscales deberían empezar a colaborar para detener la fuga de divisas. El G-20 dejó escrito en su documento final que la crisis internacional no la provocaron países emergentes, pero la situación actual les genera los mayores perjuicios. Existe un problema de financiamiento, porque los capitales huyen hacia el Norte. El G-20 reconoció la necesidad de trabajar para revertir esa situación e indicó que una de las maneras de hacerlo es apuntando a los paraísos fiscales. Otra es girando recursos, lo cual se prometió que se hará a través de las entidades multilaterales.

No hay que perder de vista que todo depende de que los programas se implementen y que las burocracias de los organismos de crédito no conspiren contra los planes enunciados. El FMI, el Banco Mundial y en menor medida el BID siguen compuestos por economistas que defendieron e impusieron a rajatabla el Consenso de Washington.

Las mejores perspectivas que surgieron por los acuerdos alcanzados en el G-20 no ocultan que la crisis internacional es demoledora. La gran preocupación que traslucieron los presidentes de las mayores potencias es que todavía no hay señales de cuándo se revertirá la tendencia de caída. Los mejores pronósticos –como el del FMI– señalan que la economía de Estados Unidos volverá a crecer recién en la última mitad de 2010. Los pesimistas llegan a arriesgar que podría quedar estancada por varios años. El Fondo sostiene que los países desarrollados terminarán el año en recesión, mientras que los emergentes estarán un escalón más arriba, pero con el agua al cuello. “Empezar a revertir la situación global es un paso importante. Los números que se anuncian son importantes. Quizás haría falta más, pero es una señal contundente”, interpretan en el Gobierno. “Si mejora la región, si mejora el contexto mundial, eso llegará a la Argentina”, agregan, e insisten en que ven un 2009 sin recesión.