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“Los trabajadores no vamos a pagar la crisis”, es la consigna con que el próximo miércoles 22 de abril la CTA realizará una jornada nacional de movilizaciones y cese de actividades. No se tratará de un paro nacional, como trascendió inicialmente de manera errónea, aclara el secretario general Hugo Yasky, sino de un día de protesta en el que algunos sectores realizarán huelgas y otros, movilizaciones o asambleas. Esta fórmula de consenso permitió contener a los kirchneristas y no kirchneristas que integran la organización gremial.

–Las dos posturas que se discutieron, una por el paro nacional y otra por la jornada de movilización, dan la idea de que la CTA está yendo partida a este plan de lucha.

–No; hubo debate y el plan de acción fue aprobado por unanimidad. Los reclamos que se harán al gobierno nacional también fueron aprobados por unanimidad. Lo que resolvió el Congreso es realizar el 22 de abril un día nacional de lucha con paros y movilizaciones; la votación facultó a la Mesa Nacional para que, si no hay respuesta a las demandas que plantea la central, se reúna y defina un paro nacional.

–¿Qué sectores van a parar y cuáles van a movilizarse sin paro?

–Estamos haciendo plenarios y asambleas en todo el país, con la participación de la Mesa Nacional y en cada provincia se va decidiendo las características de la jornada. Lo que sabemos es que va a repercutir en todo el país y que va a tener la adhesión no sólo de los sectores organizados en la CTA, sino de otras organizaciones sociales y barriales que participaron en la Constituyente de Jujuy.

–¿Van a marchar a la Plaza de Mayo?

–No está definido. En principio, está la idea de no hacer una marcha sino movilizaciones en todo el país.

–¿Qué opina de la situación social?

–Creo que hay viejos problemas a los que ahora se están sumando otros nuevos. Lo que advertimos es que estamos en un momento en el que empieza a haber signos de agotamiento en el discurso oficial respecto de la distribución de la riqueza. Entre lo que dice y lo que se hace empieza a haber una distancia cada vez más grande, tanto que hoy no hay indicios concretos que permitan sostener realmente que se está avanzando en el sentido que se declama. Por el contrario, los datos del 2007 hablan de una desaceleración de la recuperación salarial y de un amesetamiento con algunos signos de retroceso en la recuperación del empleo. Pero además aparecen otros indicadores que muestran que en términos de superar los bolsones de indigencia que persistieron pese al crecimiento económico de los últimos años, hay señales adversas como el ascenso en los índices de mortalidad infantil de la provincia de Buenos Aires, que del 2003 al 2008 habían tenido una mejoría. Ahora tenemos un rebrote, lo cual habla claramente de que la crisis de los países del norte empieza a golpearnos. Por eso decimos que a los viejos problemas que todavía no habíamos logrado resolver se van a sumar ahora nuevos problemas que vienen de la mano de la crisis de los países capitalistas del norte.

–¿Cree que es posible hoy conseguir aumentos de salarios? ¿O va a imponerse el cambio de sueldos por estabilidad?

–Los grupos empresarios han avanzado en una fórmula abusiva que consiste en el despido preventivo. Evidentemente con este movimiento ellos recuperan la cuota de inseguridad laboral que les permitió extorsionar a los trabajadores para que aceptaran condiciones a la baja. Pero se empieza a lograr discutir salarios en algunos sectores, y hay otros, que son los que están más impactados por la baja en las exportaciones, en los que los empresarios están utilizando subsidios del Ministerio de Trabajo para cumplir con sus obligaciones salariales. Este tipo de subsidio, en la medida en que no existan contracompromisos por parte de los empresarios de poner en práctica cláusulas de solidaridad social que garanticen los derechos de los trabajadores, incluyendo el valor adquisitivo de sus ingresos, puede terminar siendo una hoguera donde el Estado queme el dinero que viene del conjunto del pueblo simplemente para beneficiar a empresas, incluso a multinacionales.

–¿Y en el Estado?

–El Estado, sin poder despedir sin un sumario previo, asumió una simetría con la conducta de los empresarios en la discusión salarial, por eso en algunas provincias están volviendo a aplicar la vieja política del congelamiento salarial y esto hizo que haya costado mucho cerrar las discusiones en varias jurisdicciones. Hubo una especie de conducta en paralelo que se extendió al sector público, por eso persiste la conflictividad y el cierre de las discusiones salariales presagia ser mucho más duro que en los últimos años. Es decir que tanto el empresariado como el Estado parecen haber elegido el peor camino, que no condice con el discurso oficial, porque se habla de activar la demanda interna para mover el mercado, pero a la vez se retacean las demandas de los trabajadores. Hay una flagrante contradicción y si los trabajadores aceptasen resignadamente esta política de achatamiento de los salarios tendríamos el peor de los escenarios en poco tiempo, recesión externa más recesión interna.

–¿Qué reclamos harán al Gobierno?

–Algunos son históricos, por ejemplo, la universalización de un ingreso por hijo y un seguro de formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupados. El Congreso planteó que no se pueden aceptar las presiones de un sector industrial que pretende una devaluación y la postergación indefinida de las paritarias. Tampoco se puede aceptar la extorsión de la Mesa de Enlace, que pretende que el Estado ceda los siete mil millones de pesos en concepto de retenciones para asegurarse el incremento de sus ganancias extraordinarias, a cambio de que el Estado se deshaga de recursos que hoy son imprescindibles para un blindaje social frente a la crisis. Los delegados al congreso reconocieron la importancia de algunas políticas como la recuperación de las jubilaciones para el sector público y la reestatización de Aerolíneas Argentinas, pero tuvieron una mirada crítica hacia la carencia de políticas distributivas que avancen contra la desigualdad social. Para eso hacen falta algunas reformas estructurales de fondo que tienen que romper la matriz distributiva que en nuestro país todavía sigue generando, por inercia, concentración de la riqueza y el ensanchamiento de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen.

–A pesar del fallo de la Corte Suprema sobre libertad sindical, el Gobierno no les ha dado la personería jurídica. ¿Por qué?

–Porque hay una suerte de complicidad frente a las presiones de cierto tipo de empresarios que vinculan la libertad sindical con el descontrol de las demandas y porque, en el fondo, el Gobierno no es afín a la idea de un sindicalismo disciplinador de las demandas sociales y a la posibilidad de que los trabajadores reaccionen y avancen hacia la distribución de la riqueza. Creo que ésa es la razón, mantener el statu quo.

–¿Qué hará la CTA en las próximas elecciones? ¿El movimiento político y social va a presentarse o, como en años anteriores, va a haber figuras de la central en distintas listas?

–Como en otras oportunidades, la CTA va a preservar el principio de pluralismo y la autonomía, de manera que los compañeros van a participar en distintas listas sin que esto resienta la unidad interna.