Con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y asociaciones de consumidores, el Gobierno confeccionará un padrón de usuarios exceptuados de los últimos aumentos tarifarios de luz y gas, provisoriamente suspendidos. El anuncio fue formulado ayer por el ministro de Planificación, Julio De Vido, máximo responsable de la estrategia tarifaria. Fue durante la inauguración de una usina eléctrica para el Polo Petroquímico de Bahía Blanca (ver aparte). La tarea anunciada promete ser ímproba, ya que el armado del registro implica el análisis caso por caso, y compleja, porque los parámetros fijados por los entes reguladores para identificar a los beneficiarios dejan cierto margen para la subjetividad. La vara no es igual para ambos servicios. Ser un desocupado o beneficiario de un plan social es razón para eludir el aumento gasífero, pero no evita pagar el de la electricidad, por ejemplo.

La primera reacción política del Gobierno ante el estado de exasperación que ocasionaron las facturas con las últimas subas fue presionar a las distribuidoras para trabajar sobre quienes podrían estar eximidos de los incrementos. El Estado ya había instruido hace meses a las empresas para que ellas mismas elaborasen un programa para identificar a quienes no debían estar involucrados en los aumentos. Es decir que, en principio, esa definición quedó sujeta al criterio empresario.

Pero luego del embate judicial de las asociaciones de consumidores, motivado por los aumentos que registraron las facturas con los consumos invernales, los entes reguladores dieron otros instructivos, esta vez, fijando pautas más precisas. En cualquier caso, el universo involucrado es el que está integrado por los consumidores de más de 1000 metros cúbicos promedio al año y los de más de 1000 kilowatt hora en el bimestre. Una porción minoritaria de los padrones totales, pero que no necesariamente involucra sólo a los económicamente mejor posicionados.

El Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) dispuso que habría eximiciones automáticas para usuarios que cumplan misiones asistenciales (un comedor comunitario, por ejemplo), viviendas del Fonavi, de programas provinciales o “localizadas en zonas de bajos recursos”, beneficiarios de planes sociales, de subsidio de desempleo, jubilados que cobren la mínima o “cuyos ingresos no resulten adecuados para hacer frente al pago del cargo”, o con clientes con certificado de discapacidad. Interpretar estas consignas ya implica utilizar cierto margen de arbitrariedad, que aumenta en el caso de que los usuarios tengan que iniciar un trámite ante las empresas para pedir ser exceptuados del pago del cargo.

Según lo previsto hasta ahora, las distribuidoras gasíferas deberán resolver en tres días si se concede o no el beneficio al usuario, en función de aquellas normas de sentido común, pero no muy fáciles de objetivar. Carenciados, dificultades por bajo ingreso del grupo familiar, situación laboral desfavorable, un solo medidor para más de una familia o con un anexo comercial, alto consumo de gas por problemas de salud comprobable, características desfavorables de un edificio que justifiquen el uso intensivo del combustible, o cualquier “situación singular de índole socioeconómica o humanitaria que implique la excepción”.

El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) trazó su propia divisoria entre los presuntamente pobres, que no deben pagar, y los supuestamente ricos que sí. En este caso, las excepciones las había fijado Planificación en trabajo mancomunado con los municipios meses atrás, cuando las facturas con los altos consumos veraniegos motivaron las primeras protestas. Sólo en el caso de una de las tres distribuidoras afectadas por los nuevos cuadros tarifarios (Edenor, Edesur y Edelap), ese trabajo implicó dejar afuera a unos 100 mil usuarios.

Según el extracto del órgano regulador sobre la última resolución referida al tema, ahora también pueden liberarse de los ajustes quienes cumplan con “al menos uno” de los siguientes requisitos: no poseer gas por red, no tener agua corriente, ser electrodependiente (ej. tener alguien conectado a un pulmotor) o habitar una vivienda con múltiples hogares o con un local anexo. Pero no hay automaticidad alguna. Los usuarios deben iniciar un trámite en la oficina comercial y esperar dictamen. Si éste no los satisface, pueden acudir al órgano regulador como segunda instancia.

Cuando esté hecho el padrón de exceptuados que ayer prometió De Vido, ya no será necesario que los clientes hagan estas gestiones ni la definición quedará sujeta a la interpretación de las licenciatarias, que en este caso son simples intermediarias, ya que la recaudación del aumento tiene por destino final las arcas públicas. Pero la tarea anunciada obligará también a pulir el criterio del propio gobierno, que intentó preservar a los consumos más bajos de los aumentos, dando por supuesto que existe un vínculo lineal entre los ricos y quienes demandan más luz y gas.