El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, se sacó el traje de integrante de la Mesa de Enlace para inaugurar las “Jornadas de reflexión sobre el uso y tenencia de la tierra”, un evento realizado en el Hotel Bauen con la presencia de campesinos de diferentes partes del país. El dirigente rural dijo que “hay vida después de las retenciones” y que si en el último año y medio no pudo hablar sobre los campesinos del norte y sus problemas con la tierra, se debió “a que el conflicto de 2008 estuvo centrado en la lucha por los derechos de exportación”. Diferentes chacareros del interior del país que trabajan no más de dos hectáreas y familias que viven en campos desde hace más de 20 años pero que ahora pueden ser desalojados señalaron a Página/12 que “Buzzi está buscando lavarse la cara con nosotros”. Por otro lado, el titular de la FAA pidió que la ley de Arrendamiento que quiere tratar el oficialismo en Diputados no sea para “dividir”. Sin embargo, los directores más críticos de Buzzi y dirigentes de base aseguran, en la intimidad, que una ley de estas características “sí o sí tiene que dividir las aguas” dentro de la Mesa de Enlace.

Eduardo Buzzi había reconocido hace dos meses en una reunión realizada en Villa María que desde que estalló el conflicto agropecuario, la Federación Agraria se había ocupado de los medianos productores que estaban sentados sobre un patrimonio de un millón de dólares. Ese mea culpa estuvo acompañado de una promesa para volver a las bases y retomar el tema de la tenencia de la tierra. Muchos de los campesinos que participaron de las jornadas reconocieron a este diario vivir una realidad muy diferente a la representada por la entidad en el último tiempo.

“Cuando se habla de los pequeños productores, se hace mención a los chacareros de la Pampa Húmeda. En Jujuy, por ejemplo, los desalojos están a la orden del día, con los desmontes para plantar soja. Y ahí está la Sociedad Rural que nos expulsa. De alguna manera, Buzzi fue cómplice de esta situación, por eso hay como dos Federaciones Agrarias, una oficial y otra que intenta criticar”, afirmó a Página/12 el jujeño Eduardo Tejerina, de la asociación Madres de la Tierra, que está asociada a la FAA.

Analía Adelma Vicente, una productora de tomates también de Jujuy, señaló a este diario que en El Lovatón, San Pedro, una helada destruyó su cosecha y que nadie habla de “esa emergencia agropecuaria”. “Yo escucho que hablan de cientos de hectáreas de soja, miles de litros de leche. Nosotros manejamos dos hectáreas”, comentó la campesina a este diario, quien forma parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy, presente en catorce localidades.

El último panel de ayer estaba destinado a narrar experiencias concretas sobre conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. “Sería bueno que Buzzi y los vicepresidentes –Ulises Forte y Pedro Orsolini– estuvieran acá, pero bue...”, disparó Reymundo Luna, un ex Mocase que ahora milita en la Federación Agraria, en Santiago del Estero, en la zona de Agua Amarga. “En la mayoría de las provincias hay problemas con la tierra. En zonas cercanas a Tucumán se está sembrando soja y trigo, prácticamente lo mismo que en Córdoba, aunque con menos rindes. La mayoría de los directores de la FAA son gringos de la Pampa Húmeda y Buzzi se ha biolcatizado”, ironizó Luna a este diario.

De hecho, los próximos vicepresidentes que acompañarán a Buzzi en las elecciones internas de septiembre son de Santa Fe –Omar Barchetta– y la provincia de Buenos Aires –Julio Curraz–, cuando los actuales vicepresidentes –Forte y Orsolini– son de La Pampa y el Chaco.

El problema de la tierra atraviesa diferentes situaciones, desde los pooles de siembra y los contratos de un año hasta pueblos aborígenes que se dedican a la agricultura para subsistir, pero que ahora pueden ser desalojados producto de la extensión de la frontera agropecuaria.

Tal es el caso de Julio Cardozo, de Salta, que ocupa 700 hectáreas para pastar ganado junto a su familia desde hace más de tres generaciones, que ahora quiere ser desalojado por quien compró 15.000 hectáreas, pero con su familia dentro, una situación que se repite en muchos lugares. El empresario que vio interés en esas tierras fue Jean Franco Macri, hermano de Mauricio, quien ya los intimó judicialmente. Lo que reclama la familia de Cardozo es el derecho de posesión, por estar viviendo ahí desde hace más de 20 años. “Queremos vivir tranquilos”, remarcó este campesino a Página/12.