La presidenta Cristina Fernández de Kirchner terminó la ronda de diálogo con los gobernadores y el último turno fue para el de su provincia, Daniel Peralta, con quien acercó posiciones luego de la tirantez que se produjo tras la derrota electoral del 28 de junio en Santa Cruz, agudizada con el paro de petroleros que el jefe provincial alentó. “La reunión con Peralta fue muy buena”, dijeron a Página/12 anoche en la Casa Rosada.

Las fuentes no abundaron en detalles de lo que allí se conversó, pero sí admitieron que buena parte de la charla que duró unos 40 minutos fue la crítica situación en que se encuentra la provincia por los doce días de huelga que llevan adelante los 6 mil afiliados al Sindicato del Petróleo y Gas.

Al Gobierno le había molestado mucho la actitud de Peralta cuando el jueves pasado irrumpió en una asamblea de los petroleros para darles su apoyo y, según esta misma lectura, incentivar la protesta, cuando oficiosamente desde la Casa Rosada se habían realizado gestiones que prácticamente habían destrabado el conflicto, al llevar el 25 por ciento de aumento que pedía el gremio a una diferencia mínima con lo que ofertaban los empresarios del sector. El resto de los gremios petroleros acordaron un aumento del 20 por ciento.

Los que conocen Santa Cruz sostienen que el de los petroleros es un gremio que siempre presenta complejidades, ya que pertenecen a un sector vital de la economía provincial, y a la vez admiten que Peralta debe hacer equilibrio ante esa realidad. Pero también creen que el jueves pasado “se le fue la mano”, en lo que, estiman, fue una jugada para presionar al Gobierno con la persistencia del conflicto.

Si hubo alguna idea para solucionar el conflicto en la reunión de anoche en el despacho presidencial, quizás pueda inferirse de lo que ocurra hoy en Santa Cruz, ya que las fuentes no anticiparon nada en ese sentido.

De la calificación de “muy buena” de la reunión también se desprende que Peralta logró algún auxilio del Gobierno para la crítica situación de las finanzas provinciales.

Santa Cruz atraviesa lo que se considera la peor crisis financiera de los últimos 20 años, aún peor que la de 2001-2002. Hoy las cuentas fiscales tienen un déficit que ronda los mil millones de pesos, que derivó en la renuncia del ministro de Economía, Juan Manuel Campillo, y en un fuerte ajuste de las cuentas públicas anunciado por Peralta la semana pasada. El gobernador no había logrado que el kirchnerismo provincial le aprobara la creación de un fideicomiso de 2100 millones de pesos para enfrentar el déficit y sólo logró que el Banco Nación le refinanciara una deuda de 460 millones de pesos.

Este cuadro prácticamente hizo que pasara inadvertido como tema de agenda el disgusto que tuvo la Presidenta el 28 de junio por la derrota electoral de Peralta, pese a que ayer era la primera vez que se veían desde entonces.

Antes de Peralta había pasado por el despacho presidencial el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, del Movimiento Popular Neuquino y aliado del Gobierno. Sapag le pidió a CFK apoyo para el financiamiento de la construcción de la represa Chihuido I, y también el aval del Estado nacional para obtener un préstamo de un banco brasileño. La Presidenta le dijo que iba a estudiar ambos pedidos y le iba a dar una rápida respuesta.

Entre las reuniones con Sapag y Peralta, la Presidenta recorrió algunas cuadras hasta el hotel Hilton de Puerto Madero para hablar en el acto por el Día de Avicultura y allí, además de hacer un repaso de la evolución de la economía nacional, sostuvo que “el diálogo no es decir a todo que sí, el diálogo siempre significa concesiones mutuas”. “Algunos consideran que dialogar es ir por el ciento por ciento, pero eso es imposible. Para que todo pueda funcionar en armonía todo tiene que estar articulado. No hay que tener miedo a discutir”, señaló Fernández.

Concluida la ronda de diálogo, en el primer balance provisorio que hicieron anoche en el Gobierno señalaron que las charlas fueron positivas porque la Presidenta pudo repasar con cada gobernador el estado de las obras públicas y de los emprendimientos productivos específicos en cada provincia. La mayoría de los gobernadores pidió garantías de que se ejecutarán las obras públicas programadas o financiamiento para diversos proyectos en particular, y algunos de ellos reclamaron auxilio financiero para levantar situaciones de déficit fiscal.