Trabajadores, empleadores y Gobierno quieren modificar la ley de riesgos del trabajo. Como cada uno tiene sus razones y objetivos, la reforma integral de la legislación sancionada en pleno auge flexibilizador está empantanada desde 2004. Por esa razón, el Ministerio de Trabajo está consensuando junto con el sector patronal y la CGT un decreto para avanzar sobre aquellos puntos donde se puedan lograr avances. En las reuniones del Comité Consultivo Mixto ya se acordaron 10 de los 15 artículos de una nueva norma, como la bancarización del sistema, un mayor control sobre los prestadores y la posibilidad de que las empresas contraten un seguro por responsabilidad civil y la creación del registro de servicios de salud y contratos. En la cartera laboral aspiran a presentar las modificaciones antes de fin de mes. Todavía falta discutir los temas más sensibles: las indemnizaciones y la ampliación del listado de enfermedades. La posición patronal se resiste a avanzar sobre esas cuestiones.

La propuesta del Ejecutivo es triplicar las indemnizaciones, instalando una actualización automática a partir del índice de movilidad jubilatoria, y también incluye las lumbalgias, hernias y várices en el universo de enfermedades. El objetivo es reducir la cantidad de juicios y mejorar los atrasados resarcimientos para comenzar a discutir en ese escenario una nueva legislación. “El Gobierno reconoce que existen problemas de fondo a resolver como el accidente in itinere (en trayecto hacia o desde el trabajo) y la opción judicial, los dos reclamos de los empresarios, pero no los vamos a resolver con este decreto. Queremos avanzar sobre los problemas inmediatos. Si ampliamos la cobertura de las enfermedades y mejoramos las indemnizaciones, se obstruye cerca del 60 por ciento de los juicios”, explicó a Página/12 el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

En el Gobierno confían en que si aumentan los montos de las prestaciones y se amplía el registro de enfermedades disminuirán significativamente los juicios, sin necesidad de bloquear en esta primera instancia la doble vía. Por un lado, la mejora en las indemnizaciones desestimularía que los trabajadores recurran a la Justicia para buscar una compensación adecuada. Por otro, un relevamiento reciente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sostiene que el 46 por ciento de las acciones judiciales se inician por enfermedades que no están listadas.

El sector patronal reclama “terminar con la industria del juicio” y presiona para que los cambios no incrementen los “costos”. La CGT quiere ampliar el universo de enfermedades y accidentes cubiertos, y eliminar los topes para las indemnizaciones, que hoy están congelados en 180 mil pesos, además de fijar pisos. “Pese a limitaciones normativas que tiene un decreto, consideramos que es importante para avanzar”, señaló el abogado de la central obrera y diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Por su parte, la Unión de ART se muestra expectante ante los cambios que puedan surgir y promete “estar a la altura de las circunstancias en materia de costos ante el incremento en las prestaciones”.

En la actualidad las indemnizaciones se pagan de acuerdo con una suma fija (30 mil, 60 mil o 90 mil pesos, según el caso) más un monto que surge de una fórmula. El Gobierno plantea triplicarlas así como la prestación por fallecimiento, que pasaría a 540 mil. El criterio que siguió Trabajo para elevar el monto fue el de ubicarse en “una línea levemente superior al aumento promedio de las remuneraciones totales desde 2001”. Según los datos que manejan en la cartera laboral, ese incremento alcanzó el 237 por ciento. Además se busca instalar un mecanismo de actualización similar al de las prestaciones jubilatorias. “La única forma de sostener y preservar el sistema es manteniendo las indemnizaciones actualizadas”, aseguró Tomada.

Cuando se discutieron los cambios en la ley, en los años 1994 y 1995, los empresarios suponían que el costo rondaría el 3 por ciento de la masa salarial. Las leyes del mercado llevaron la alícuota a 1,2/1,4 por ciento durante los primeros seis años y ahora se ubica en el 2,6 por ciento según el mes. Los cambios que estipula el decreto la elevarían al 3,0 por ciento de la masa salarial, aumento que el sector patronal resiste. Una posibilidad que barajan en el Gobierno es que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo fije límites, como sostiene la ley, a los incrementos en las alícuotas.

Daniel Funes de Rioja, vocero de la UIA para el tema, comentó a Página/12 que “no estamos dispuestos a dar aumentos en las indemnizaciones si suben las alícuotas. Sí lo vamos a aprobar en el contexto de una reforma integral que establezca la excluyente y el in itinere sea una carga social compartida”. Esos dos aspectos no pueden ser tratados por decreto. En contra de cargar con el costo de la actualización los empleadores sostienen que ellos pagaron alícuotas con salarios crecientes mientras que las ART pagaron con las prestaciones congeladas. En Trabajo advierten que “esto es parcialmente cierto, porque si bien las sumas fijas estuvieron congeladas, la segunda parte del cálculo de la indemnización se realiza con una fórmula que contempla la evolución de los salarios”.

Los aspectos acordados incluyen incorporar las enfermedades de lumbalgias, hernias y várices, pero no en qué forma se pagarán. La propuesta de la cartera laboral es que durante un primer período el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales –creado en 1995 para cubrir principalmente hipoacusias– cargue con los gastos para evitar el impacto sobre la estructura de costos. Este fondo tendría un superávit de 300 millones de pesos. Recalde se opone a que se financie de esta forma ya que el fondo se constituye a partir de una parte del salario de los trabajadores y propone que “se destine ese dinero para subsidiar a las pymes para que aumenten la prevención y baje la póliza. Hoy las alícuotas que paga el sector son un 400 por ciento más caras y ninguna cámara dice nada”.