[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Hasta ahora se acordó la bancarización del sistema de ART, impulsar el régimen de multas (hoy no existe ninguna), incorporar las obras sociales a este mercado y crear el registro de servicios de salud y contratos. El objetivo del primer punto es evitar que las víctimas tengan que trasladarse para cobrar y el registro, solicitado por la CGT, apunta a mejorar el control sobre los prestadores en especie. Otro punto importante sobre el que se avanzó es la posibilidad de que los empleadores accedan a un seguro por responsabilidad civil en caso de que el reclamo exceda el monto que paga la ART. Algunas cuestiones relevantes del actual proceso de negociación son las siguientes:

- Desde 2004, cuando un fallo de la Corte Suprema instaló la necesidad de reformar la ley, se acumularon en las oficinas de los asesores del ministro de Trabajo más de 145 borradores sobre una nueva norma.

- La ley de 1995 formó parte del paquete de reformas neoliberales de la década pasada y reemplazó a la legislación que estaba vigente desde 1915. “La ley nació en la más profunda flexibilización y la Corte menemista sostuvo su constitucionalidad. Nosotros la criticamos desde el primer momento porque implicaba la desprotección de los trabajadores”, apuntó el abogado de la CGT y diputado Héctor Recalde.

- Los cambios en la legislación acotaron el universo de enfermedades y accidentes, fijaron las tarifas y buscaron eliminar la vía judicial.

- La ley actual, que a los empleadores les brinda “seguridad jurídica”, posee 25 tachaduras de inconstitucionalidad. Según el Informe Trimestral Nº 11 del Cenda, “todos los incentivos del sistema de ART se orientan en el mismo sentido: minimizar los costos de las empleadoras y aseguradoras, dejando en un segundo plano lo que debería ser su razón de ser: la política de prevención de riesgos de trabajo”.

- Hoy en día un trabajador de 40 años con básico de 2000 pesos que se accidenta y tiene un 20 por ciento de incapacidad cobra una suma fija de 34.540 pesos. El mismo ejemplo pero con 6 por ciento de incapacidad recibe 10.300 pesos. Para un trabajador con una remuneración elevada, 10.000 pesos por mes, la prestación asciende a 172 mil pesos.